Alrededor de 90 vehículos intervenidos por la Guardia Civil o la Policía Nacional en actuaciones contra el tráfico de drogas o inmigrantes están abandonados en el puerto de Ceuta. Constituyen un foco de riesgo, un auténtico punto negro contra la seguridad en una zona erigida en uno de los pulmones económicos para la ciudad que ahora se ve inmersa en un proceso de blindaje con el inicio de las obras avaladas por Puertos del Estado.
Conseguir la eliminación de todos y cada uno de esos vehículos se ha convertido en un reto de difícil alcance, pareciera que la solución a la problemática se perdiera en un laberinto burocrático. Las administraciones con cierta responsabilidad se han sentado esta semana en una reunión de trabajo para buscar una salida, sumándose este encuentro a los ya realizadas con anterioridad al objeto de desbloquear este asunto. Miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, de la Autoridad Portuaria, de la Ciudad y Delegación del Gobierno, Fiscalía, Gerencia, Secretaría de Gobierno y técnicos se han sentado a la misma mesa para mediar en un problema que solo pasa por una posible salida: quitar esos cerca de cien vehículos del puerto.
En ese encuentro, del que no ha trascendido información oficial pero que tuvo lugar en la tarde de este lunes en la Plaza de los Reyes, estuvo presente además una representante del ORGA, la oficina de recuperación y gestión de activos que funciona en la Península para la retirada de vehículos intervenidos en operaciones policiales a los que se les intenta sacar un beneficio, poniendo el punto y final a los negocios de los delincuentes dando un uso a las piezas que usaron o sacando beneficio económico vía subastas.
Fruto de esa reunión se ha plasmado una hoja de ruta, un esquema de actuaciones que se van a seguir para sacar los coches. Se ha barajado como alternativa usar el depósito de Benzú, mediante un acuerdo entre Ciudad y Justicia, ya que se trata de vehículos que están inmersos en procedimientos judiciales y que no pueden ser destruidos de inmediato.
Pero para ocupar Benzú antes hay que liberar parte del depósito, en la actualidad lleno de piezas. Uno de los grandes problemas es el que representan las embarcaciones intervenidas por la Benemérita. Hay que retirarlas y destruirlas pero primero la Guardia Civil debe remitir un informe detallado a la Fiscalía, que a su vez lo elevará a la autoridad judicial responsable para, finalmente, conseguir la autorización para la retirada de esas semirrígidas de la zona y su destrucción, como se hizo hace unos meses en el puerto deportivo.
Una vez conseguida la liberación de espacio se podrán depositar allí los coches que hay desperdigados por el puerto, no solo dentro del recinto portuario en lugares restringidos, sino también detrás de la Casa del Mar o incluso en las inmediaciones de las sedes tanto de Policía como de Guardia Civil.
Y es que incongruentemente el puerto se ha convertido en una especie de gran depósito, cuando no es responsabilidad de la Autoridad Portuaria. Hay coches que han sido intervenidos con droga en dobles fondos que quedan en el lugar, otros que han sido sorprendidos en el embarque con inmigrantes ocultos y también los hay que se han visto implicados en accidentes que han causado víctimas mortales, como el coche que cayó al agua con su conductor dentro y que terminó siendo desvalijado en el propio puerto.
Habrá una próxima reunión de los mismos representantes para analizar lo que se ha avanzado en estos días, fijándose el punto y final de una medida necesaria en el puerto puesto que supone un auténtico obstáculo para la seguridad de las instalaciones, además de entorpecer el objetivo de blindaje que ha sido previsto por la propia Autoridad Portuaria.
Que el puerto se haya convertido en un particular cementerio de coches es el resultado de años de inacción que ha llevado a que las distintas áreas portuarias se hayan confundido con depósitos fantasma. Al margen del de Benzú, en Ceuta hay otros dos depósitos judiciales que funcionan como tal pero que están sin espacio, lo que también ha derivado en este tipo de situaciones adversas.
La repetición de varios sucesos ha hecho saltar todas las alertas
La repetición de varios incendios en vehículos intervenidos y depositados en zona portuaria hizo saltar hace unas semanas todas las alertas. Sobre todo porque el último, ocurrido frente a las instalaciones de la Compañía Fiscal de la Guardia Civil, se produjo en pleno inicio de la OPE y justo en el lugar por el que desembarcan los vehículos que llegan de la Península.
Si este fue preocupante, igual lo fueron los que le precedieron: incendios de coches en la zona restringida de acceso a Poniente, en la parte trasera de la Casa del Mar... todos ellos provocados porque hay personas que para protegerse del frío o cocinando generan las llamas dentro de los propios vehículos. Ya no son solo las consecuencias dañinas en la imagen que ofrece el propio puerto o el incumplimiento de los planes de prevención y protección de instalaciones portuarias, sino la inseguridad que genera en las personas que trabajan en este lugar y en los propios inmigrantes que incluso duermen dentro de los vehículos y que podrían sufrir graves daños.
Una vez que se han producido estos incendios se ha suscitado una cadena de reacciones en el ámbito político, sindical e incluso de las fuerzas de seguridad. Pero el mismo dura el tiempo que todavía se recuerda la noticia, ya que después la situación permanece, los vehículos siguen interviniéndose y dejándose en la zona, en vez de ser trasladados a un depósito judicial.
Pero la problemática del puerto también se ha sufrido en zonas cercanas como el propio puerto deportivo, en donde la Guardia Civil acumulaba y sigue acumulando gran cantidad de embarcaciones neumáticas y pateras, generándose un riesgo para los agentes ante la posibilidad de que pudiera producirse un incendio. Justicia tomó medidas y se ordenó la retirada, traslado y destrucción de algunas de estas lanchas, pero no de todas. El problema es de gran calado porque en Ceuta no funciona un protocolo adecuado para la recuperación de estas piezas, la retirada y la posterior gestión de las mismas, sacando un provecho de aquellos bienes que han sido empleados por los delincuentes para la comisión de delitos.
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