El Gobierno central prevé “aprobar y presentar” los Planes Estratégicos de Ceuta y
Melilla “antes de que finalice el verano de 2022, tal y como nos comprometimos”, según han informado fuentes del Ministerio de Política Territorial, que actualmente está a la espera de recibir la documentación que encargó elaborar a
Tragsatec con un plazo de seis meses que expira a finales de este mes. Con ellos se persigue “afrontar una transformación estructural de ambas ciudades reposicionándolas en el contexto socioeconómico actual”. Los trabajos “avanzan según lo previsto, a buen ritmo y con resultado satisfactorio”. Una vez finalizado el proceso participativo que la empresa pública puso en marcha a finales de febrero y que a principios de abril se materializó en varios encuentros con distintos agentes económicos, institucionales y sociales, actualmente “estamos en una fase de trabajo interno con otros ministerios y organismos implicados para desarrollar las distintas propuestas”, han indicado desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez El encargo a Tragsatec consistió en “la asistencia técnica de apoyo en la elaboración de los Planes Estratégicos y a los equipos formados por el medio propio en cada una de las dos ciudades y Madrid le corresponde “elaborar una serie de documentación entre la que se encuentran los primeros borradores de los Planes, que deberán ser entregados al Ministerio en las fechas acordadas para su posterior revisión y aprobación”. Política Territorial pidió a la sociedad pública que su trabajo partiese de tres ejes. Uno, la eliminación de la excepción que en el Tratado de Schengen permitía hasta 2020 la entrada en Ceuta de los marroquíes residentes en la provincia de Tetuán sin visado para de esa forma “visibilizar los límites de la
frontera sur de la Unión Europea”. Los otros dos son la necesidad de dar un “impulso” a “las conexiones con la Península y la actividad portuaria, además de reforzar los Servicios Públicos, insuficientes para el volumen actual de la población, especialmente en los ámbitos de la sanidad, la educación y los servicios sociales”, por un lado; y, por otro, de promover un “nuevo modelo económico”. Para este último desafío se cuenta como “base” con los Fondos Next Generation de la
UE, la “identificación de políticas regulatorias”, la “implantación de un modelo impositivo y maximización de beneficios fiscales para el impulso de nuevos sectores de actividad”, un “nuevo posicionamiento que permita reducir la dependencia de los recursos exteriores en el sostenimiento de ambas ciudades” y el “análisis y detección de sectores económicos clave en los que maximizar las inversiones, así como propuesta de proyectos de inversión e infraestructuras”.