“España no necesita endurecer el Código Penal hasta llegar a la pena de muerte”

Grande-Marlaska visita Ceuta para ofrecer la ponencia ‘Ética pública y función jurisdiccional’ en las IV Jornadas Jurídicas. Hace balance para ‘El Faro’ sobre temas de actualidad jurídica Acaba de aterrizar en Ceuta, da un primer paseo por la ciudad, se dirige al hotel y, aún con las maletas sin abrir y sobre la cama, atiende a El Faro. Derrocha educación, habla con ritmo y reflexión y aboga por el diálogo permanente para que las sociedades crezcan. Bajo el título 'Ética pública y función jurisdiccional', el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska Gómez, abre el día en las Jornadas Jurídicas de Ceuta.
–¿Es la primera vez que visita usted tierra ceutí?
–Como quien dice sí. Había estado alguna vez pero era un crío, recuerdo que vine con la familia a pasar el día desde Málaga a comprar lo típico, relojes, cueros y esas cosas. Hace treinta años y los lugares evolucionan mucho, como es lógico.
–¿Qué opinión le merecen las Jornadas Jurídicas de Ceuta que con la de este año cumplen ya la edición número cuatro?
–Tengo desde que comenzaron referencias positivas. El año pasado participé en las de Melilla, que es una plaza similar. Las Jornadas me parecen muy positivas en el sentido de que son multidisciplinares, abarcan distintos campos dentro del Derecho y sobre todo campos que conforman o que son una preocupación actual para el conjunto de la sociedad. Se ha hablado ya de los recursos de inconstitucionalidad, de los recursos de amparo, del nuevo Proceso Penal, que se está ya definiendo y que no tardará mucho en ver la luz, esperemos, entre otros temas candentes y esto es digno de aplaudir, de reconocer y de fomentar.
–Seamos francos, ¿en qué estado se encuentra, a grandes rasgos, la Justicia en España, qué es digno de elogio y en qué se ha de mejorar?
–Hay que diferenciar la Justicia en dos aspectos importantes, la Justicia del día a día, es decir esa Justicia que impartimos todos los compañeros, los casi cinco mil trabajadores que estamos todo el día dictando sentencia de distintas resoluciones, ésa es una Justicia que razonablemente funciona y además es bien recibida por la sociedad, independientemente de que se publique alguna encuesta de cuando en cuando en la que se ponga lo contrario. En este sentido, hay que decir que la gente que ha tenido que acudir a la Justicia por haber sentido que sus derechos han quedado vulnerados en una cuestión suelen tener una percepción de la Justicia razonablemente positiva en cuanto a las respuestas que se le han dado. En cualquier caso, y aunque esto parezca que funciona y que goza de aceptación, no quiere decir que se deba de hacer más cosas y mejor. Luego, se encuentra el Gobierno Judicial, que es ahí donde quizá estemos en un momento de 'impass' debido a la reforma del Consejo General del Poder Judicial y qué es lo que va a pasar, etc. Pero son dos campos distintos y dos preocupaciones también distintas.
–¿Es viable la separación entre Justicia y Política?
–No es que crea que sea viable, es que es viable y es una realidad. Mal podría funcionar un Estado de Derecho si dos poderes tan distintos no estuvieran debidamente separados y cumpliendo cada uno la función constitucional que le es propia y sin interferencia. Yo creo que eso se confunde dentro de la división que había hecho antes de lo que es el trabajo del día a día de todos los juzgados con lo que es luego el Gobierno de los Jueces. Lo importante es que el Poder Judicial, quien realiza el Poder Judicial, quien es el Poder Judicial, sean los jueces, los que resuelven día día los problemas, dictando resoluciones, etcétera. La realización del Poder Judicial es el trabajo del día a día de los cinco mil compañeros.
–Cuando en febrero de 2012 usted tomó las riendas de la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se marcó como uno de los objetivos primordiales acabar con la lacra etarra. ¿Está hoy ETA está acabada?
–Creo que ETA, y no lo digo yo sino las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la propia realidad, que es muy tozuda, está más débil que nunca, pero eso ha ido gracias al esfuerzo que se ha hecho entre las Fuerzas citadas, la cooperación con Francia, que es esencial y que pese a eso nunca se le dará la importancia merecida, luego la labor de jueces, fiscales y la asociación en general. Hemos conseguido mucho pero falta un elemento: su disolución, que esperemos que sea lo más cercano posible.
–¿Ha mejorado la convivencia en el País Vasco entre todos los vascos?
–Razonablemente ha mejorado, el no vivir bajo la violencia y el miedo a la violencia directa permanente necesariamente mejora la calidad de vida de la sociedad y las relaciones de las personas. Pero no cabe duda de que un fenómeno terrorista con unas explicaciones sociológicas tan importantes como ha tenido en toda España, pero esencialmente en el País Vasco, tiene que pasar un tiempo y varias generaciones para que esa realidad sociológica se normalice. Ha habido una concreta patología y una patología cuando desaparece la razón luego necesita realmente un periodo de inhabilitación.
–¿Cómo considera usted que se ha de combatir el terrorismo internacional 'yihadista', esa amenaza que, en este lado de España, se siente quizá con mayor fuerza y motivos para que así sea que en la península?
–Combatirlo fundamentalmente con cooperación internacional. A día de hoy el terrorismo internacional se caracteriza por los nexos y las relaciones internacionales que mantiene con distintas organizaciones; son organizaciones que tiene muchas aristas entre ellas, es como un pulpo con muchas ramificaciones y es imprescindible la cooperación entre países y esto está teniendo lugar desde hace años.
–A menudo, la sociedad critica con infatigables fuerzas sistemas judiciales como el que, valga como ejemplo a vuela pluma, vertebra Estados Unidos, ¿pero no cree que España precisa de un Código Penal más vigoroso?
–¿En que sentido más vigoroso?
–Incluir penas de muerte, cadenas perpetuas...
–Creo que la cadena perpetua (y no digamos ya la pena de muerte) se opone a uno de los principios básicos de nuestro Derecho Penal y de nuestro Derecho Penitenciario, que es el principio de humanidad de las penas, es decir una cadena perpetua es una muerte civil de una persona con lo cual ninguna finalidad puede cumplir ya entonces la pena ni reeducar ni devolver a la sociedad a nadie. Entraríamos en contradicción no sólo con nuestro propio Derecho sino también con la mayoría del resto de los países de Europa occidental, de nuestro entorno. Por otra parte, hay que decir que en España se puede llegar a cumplir a día de hoy, dependiendo de la comisión de los delitos y de los números, una privación de libertad de hasta cuarenta años.
–¿Cómo es posible que se tambalee todo el sistema judicial con la mera actuación de unos criminales de barrio? (Véase Caso Marta del Castillo). ¿Acaso no hay quienes actúan protegidos por la candidez de las leyes?
–No es cuestión tanto del proceso Penal y con esto no quiero decir en absoluto que la investigación e instrucción en este caso en particular que me cuenta no haya sido profunda.
–¿Es bueno que un juez lleve una etiqueta sobre la espalda?
–No, evidentemente. La única etiqueta que ha de llevar un juez y un fiscal es la de ser un profesional, es decir, la de aplicar el Derecho y aplicar el Derecho es realizar dentro de lo posible el valor Justicia.
–¿No le parece que es una incongruencia defender la unión civil de personas del mismo sexo pero, a la vez, vetar el término 'matrimonio'?
–Defiendo el matrimonio entre personas el mismo sexo, esto debe de ser una cuestión sociológica y jurídica superada. El Tribunal Constitucional ha avalado la Ley del 95 que ampliaba el matrimonio a las uniones del mismo sexo con lo cual lo que no cabe es una discusión al respecto.
–Su ponencia se presenta bajo el título 'Ética pública y función jurisdiccional'. Cuénteme, grosso modo, las claves de la misma.
–Definir el concepto de ética pública, qué es lo que conforma los valores, qué integran la misma y que hacen crecer a una sociedad son asuntos que voy a tocar. Es interesante además saber cómo el Poder Judicial dentro de sus resoluciones judiciales materializa ese valor de ética pública, es decir, llevar a buen puerto los grandes valores como la libertad, la igualdad, la seguridad, la solidaridad. Y la cuestión es cómo plasmar estos valores en las resoluciones judiciales. La ética pública necesita también de un tipo de juez específico.