El Gobierno de España pone fin a las 'Golden Visa' este jueves 3 de abril. El programa, creado en 2013 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, concedía permisos de residencia vinculados a inversiones inmobiliarias de más de 500.000 euros a personas no pertenecientes a la Unión Europea, incluyendo en regiones como Ceuta.
Se eliminan así los beneficios que actualmente se contemplan en el ámbito residencial, así como en el resto de inversiones, suprimiéndose los visados de residencia para inversores en España.
Con la aprobación de una enmienda en la 'Ley de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia', el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido poner fin a este esquema, que será suspendido definitivamente en cuestión de un día.
Se cumple así con el compromiso adquirido por la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que defendió la derogación de esta medida por perjudicar el derecho a la vivienda.
La decisión adoptada por el Ejecutivo, similar a la tomada por otros países como Irlanda o Portugal, se alinea con la Comisión Europea, que en 2022 instó a los Estados miembros a derogar cualquier sistema de ciudadanía para inversores existente.
“La eliminación de las ‘Golden Visa inmobiliarias’ sirve para dar oportunidades a quienes hoy tienen problemas para acceder a una vivienda en lugares concretos y con tensión de precios y falta de oferta residencial. Esta modificación es una buena noticia para todos”, expuso la ministra en la presentación del Informe que llevó al Consejo de Ministros en abril de 2024.
La Ley Orgánica 1/2025 entra en vigor mañana, 3 de abril, y deroga por completo los visados de residencia para inversores, entre ellos, aquellos que tienen carácter de residencial.
El programa de las 'Golden Visa' nació durante la crisis económica que golpeó España. En un contexto de recesión y con un mercado inmobiliario en declive, el Gobierno de Mariano Rajoy ideó esta medida con el fin de atraer capital extranjero.
La Ley 14/2013, inicialmente enfocada en apoyar a los emprendedores, permitió que inversores de fuera de la Unión Europea pudieran acceder a permisos de residencia a cambio de realizar inversiones que cumplieran con determinados requisitos.
El proceso era relativamente sencillo y ofrecía diversas opciones de inversión. Los interesados podían obtener la residencia si adquirían propiedades inmobiliarias por un valor superior a 500.000 euros, invertían más de 2 millones de euros en deuda pública española, destinaban más de 1 millón de euros en empresas o fondos españoles, o si creaban proyectos de interés general que generaran empleo o promovieran la innovación.
El fin de las 'Golden Visa' marca el cierre de una práctica que generó tanto elogios como críticas, pero también abre la posibilidad de explorar nuevas alternativas.
El Gobierno ha indicado que buscará implementar otras medidas para atraer inversión extranjera, aunque sin recurrir directamente a la oferta de permisos de residencia como incentivo.
Este cierre también refleja un cambio en la dirección de las políticas migratorias del país, que ahora se orientan más hacia modelos enfocados en la integración y la captación de talento especializado, en lugar de depender de la inversión inmobiliaria extranjera.
Así, España se prepara para una nueva fase en sus políticas de inmigración e inversión, dejando atrás un programa que, a pesar de las controversias, desempeñó un papel importante en la recuperación económica del país tras la crisis.
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