Los datos

La España que deja el Gobierno progresista no se parece en nada a la de hace 50 años, como mantiene el líder de la oposición, Sr. Feijóo. Hay discursos políticos que no resisten ni un minuto de datos. En los últimos meses hemos escuchado al líder de la oposición repetir que España “está como hace 50 años”, que el Gobierno progresista deja un país “arruinado”, “sin futuro” y “sin vivienda”. Es un mensaje eficaz para quien no mira cifras, pero profundamente falso para cualquiera que conozca mínimamente la realidad socioeconómica de nuestro país.

Porque la España de 2026 —la que deja el Gobierno progresista tras la convocatoria electoral— no se parece en nada a la España de 1976, aquella que dejó la dictadura. Y tampoco se parece a la España que construyen las autonomías y ayuntamientos gobernados por el PP, donde la vivienda pública es inexistente y la Ley de Vivienda se ha bloqueado sistemáticamente.

España 2026: más empleo, más derechos, más estabilidad. Los datos son tozudos:

“La afiliación a la Seguridad Social alcanza un nuevo máximo histórico: 22.437.553 afiliaciones. Son 739.888 afiliaciones más que hace un año (3,4% interanual)”.

Nunca antes España había tenido 22,4 millones de personas trabajando, ni un crecimiento del empleo tan sólido, ni un porcentaje tan alto de contratos indefinidos: 44,2%, y 9 de cada 10 empleos asalariados netos son estables. El paro registrado está en mínimos de 19 años para un mes de septiembre.

La economía crece en torno al 2%, la inflación está controlada, el turismo y las exportaciones baten récords y la deuda pública baja año tras año desde la pandemia. España es hoy un país moderno, integrado en Europa, líder en energías renovables y con un Estado social que cubre sanidad, educación, dependencia y pensiones para millones de personas.

España 1976: inflación desbocada, crisis económica y ausencia de derechos. La comparación con la España de hace 50 años es casi ofensiva para la inteligencia. En 1976, España tenía inflación del 20–25%, un mercado laboral pequeño, agrario y precarizado. 10–11 millones de afiliados, menos de la mitad que hoy. Una tasa de actividad femenina mínima. Sanidad y educación sin universalización. Aislamiento internacional y emigración masiva. Un Estado social prácticamente inexistente.

Quien diga que España “está como hace 50 años” no está describiendo la realidad: está construyendo un relato político basado en la nostalgia de un país más pobre, más desigual y con menos derechos.

La vivienda: el único derecho que sigue sin cumplirse por culpa de quienes lo bloquean. Y aquí está la paradoja: España 2026 es más fuerte que nunca, pero la vivienda sigue siendo la gran asignatura pendiente. No por falta de leyes, ni por falta de inversión, ni por falta de medidas. Sino por falta de voluntad política en las autonomías y ayuntamientos gobernados por el PP. Explicaba en mi artículo de la pasada semana que “La consecuencia ha sido que, en la mayor parte del país, no se aplicaron límites al alquiler, dejando la ley sin efecto real.”

La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, estableció zonas tensionadas, límites al alquiler, recargos al IBI de viviendas vacías, protección frente a desahucios, impulso del parque público.

Pero para que funcionara, las CCAA debían aplicarla. ¿Qué hicieron las gobernadas por el PP? Nada. Ni zonas tensionadas, ni índices de precios, ni registros de vivienda vacía, ni inspecciones, ni mediación en desahucios.

Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Murcia, Cantabria… todas bloquearon la ley. Y mientras bloqueaban, pedían “soluciones urgentes” y acusaban al Gobierno de “no hacer nada”.

La realidad es que España tiene un parque público del 1,6%, porque durante décadas —y especialmente en las comunidades del PP— no se ha construido vivienda social. Madrid es el ejemplo más sangrante: la comunidad que menos vivienda pública ha construido en 20 años y que vendió 4.800 viviendas a fondos buitre.

Los decretos de emergencia de 2026: reparar lo que otros han impedido. El Gobierno progresista tuvo que aprobar en septiembre de 2026 decretos de emergencia porque la Ley de Vivienda fue boicoteada. Suspensión de desahucios vulnerables hasta 2030. Prohibición parcial de compras masivas por fondos buitre. Impuesto del 10% a pisos turísticos. Prórroga automática de alquileres en zonas tensionadas. Créditos al 0% para primera vivienda. IVA al 4% para vivienda asequible. Recargos más altos al IBI para viviendas vacías.

¿Quién votó en contra de estas medidas? PP, Vox y Junts. ¿Quién dice ahora que “España está como hace 50 años”? El mismo líder de la oposición que ha bloqueado todas las herramientas para garantizar el derecho a la vivienda.

Por tanto, el 29 de noviembre tendremos la oportunidad de pronunciarnos sobre esta última traición a las clases humildes de las derechas españolas.