Como si no fueran ya bastantes, una nueva espada pende sobre Ceuta y Melilla. El posible voto en las elecciones locales de los marroquíes residentes en España, tras aprobación de la nueva constitución del vecino país y en virtud de un tratado de reciprocidad, abre un paréntesis preocupante. Preocupante, en principio, por la precipitación con la que la ministra Trinidad Jiménez, aún sin la aprobación del Parlamento, se lanzaba alegremente a la piscina sin sopesar las consecuencias que tal medida podría acarrear sobre las dos ciudades. “Desde luego que vamos a firmar los acuerdos para que sea recíproco”, decía taxativamente la titular de Exteriores, departamento del que, por cierto, el mutismo al respecto parece absoluto.
Y no menos preocupante también es que, en el último Pleno, la propuesta de solicitar al gobierno una audiencia previa a la Ciudad, antes de que la aprobación de tal voto pueda hacerse realidad, no saliera adelante por unanimidad. Aún con las discrepancias por parte de la oposición en el fondo del asunto, que uno puede compartir en determinados extremos, en lo tocante a la defensa de nuestra españolidad se impone el remar todos en la misma dirección. Foros y oportunidades hay para exponer los argumentos de cada formación y atacar al adversario, pero en un tema trascendental como el que nos ocupa, la cohesión total debería primar por encima de pareceres y estrategias.
Lo más doloroso de esa posible futura normativa es que nos podamos ver irremisiblemente abocados a afrontarla con todas sus consecuencias, como ha sucedido y sucederá con otras, sencillamente porque los dos grandes partidos nacionales nos hayan negado sistemáticamente lo que la Transitoria V de la Constitución recogió para Ceuta y Melilla: ser Comunidades Autónomas. Nada habría que temer si fuésemos una más. En este asunto Caballas anda sobrado de razones como la única voz que, ajena al desaliento, se atreve a seguir reivindicando una causa vital para el futuro de las dos ciudades. Pónganseles a esos estatutos de comunidad los techos mínimos, las competencias más esenciales. Pero que sean sendas comunidades autónomas del Estado Español, títulos con los que, en su día y máxime con el brusco cambio poblacional que se viene produciendo en ambas, Marruecos no pudiera esgrimir tal argumento jurídico diferenciador en sus reivindicaciones ante cualquier instancia internacional.
Con el estatus actual no es para sentirse tranquilos con ese voto de los marroquíes residentes en las dos ciudades. Sencillamente porque aunque no sean meras corporaciones locales sino “un híbrido entre ellas y las CC. AA., pues cuentan con competencias muy superiores a la de los propios ayuntamientos”, como reflejaba mi admirado Francisco Olivencia, nada garantiza con meridiana claridad jurídica de que, tratándose en el fondo de meros ayuntamientos, la futura normativa pudiera ser de obligada aplicación en las dos ciudades. Es más, no deben de tener muy clara la cuestión los populares, cuando sus diputados en la Asamblea han votado a favor ese acuerdo de pedir al ejecutivo audiencia previa antes de que pudiera convertirse en realidad lo que hasta ahora es sólo una posibilidad.
Frente a la ligereza de Trinidad Jiménez, reconfortan las valoraciones de un político de la talla del portavoz de CiU en el Congreso, Duran Lleida, quien, esta semana, en ‘La Vanguardia’, dejaba claro que "no tiene ningún sentido", que es una "imprudencia" que se otorgue derecho de voto en las municipales a los ciudadanos marroquíes en virtud de un acuerdo entre España y el país norteafricano. "Hace falta mucho tiempo y muchas cosas para que esto pueda tener sentido. Abrir esta posibilidad no se puede hacer con la frivolidad con la que [Jiménez] lo ha hecho”. “Simplemente – insistía también en su web - no es cierto que a partir de ahora "los marroquíes afincados en España podrán votar”.
Y a todo esto a uno le viene a la mente cierto personajillo del Príncipe. Un español, de papeles, pero promarroquí hasta la médula y fiel súbdito de “su” rey, Mohamed VI, como de su antecesor, Hassan II, por su pleitesía a ambos, frotándose ahora las manos tras oír a la susodicha Trinidad.
Cuidado que hablamos de unos 3.000 marroquíes residentes, más los que puedan ser en el futuro, y de quienes, como tal individuo u otro de su cuerda como candidato, pudieran sentirse atraídos a la llamada de la causa. Que Marruecos estaría detrás de esa brecha apoyándola bajo todas las formas, a nadie debe caberle la menor duda como de sus irreversibles consecuencias.
