Con el encabezamiento “a petición de”, el Grupo Parlamentario Socialista defenderá pasado mañana en la Sesión Plenaria Ordinaria del mes de junio una propuesta de la diputada no adscrita Fatima Hamed,
sobre cuya posición en la Cámara autonómica la Junta de Portavoces ratificó ayer que solamente podrá formular tres interpelaciones e intervenir en caso de ser aludida por alguno de los interlocutores en los debates parlamentarios.
La Junta de Portavoces ha ratificado su criterio inicial, adoptado tras conocerse la salida de Hamed del primer grupo de la oposición, la coalición Caballas. Con el asesoramiento verbal de la secretaria general de la Asamblea, María Dolores Pastilla, se ha decidido aplicar el Reglamento de la Cámara, que se entiende no puede ser equiparable al de un Ayuntamiento como reclama la diputada no adscrita apelando a una sentencia del Tribunal Constitucional de hace cinco años.
Para la Junta de Portavoces en el caso del Pleno de Ceuta, cuyo Reglamento está “inspirado en el Pacto Antitransfuguismo” suscrito en 1998, esa norma prevalece en el caso de la Cámara local. En su redacción, el texto establece que a los diputados no adscritos “les será de plena aplicación el estatuto jurídico del Diputado previsto [...] y demás legislación aplicable”, pero también que “no gozarán de los derechos y obligaciones establecidos para los Grupos Políticos constituidos”.
Así, y haciendo una interpretación “flexible” del documento, la Junta de Portavoces ha acordado por unanimidad que Hamed podrá asistir a las Comisiones Informativas con voz y con voto, así como presentar tres interpelaciones en las Sesiones Plenarias y tomar la palabra cuando sea aludida directamente.
No tendrá capacidad, sin embargo, para terciar en los debates, para presentar propuestas o para someter mociones de urgencia a la consideración de la Corporación. Haberle concedido tal prerrogativa supondría de hecho, según la Junta de Portavoces, concederle privilegios sobre cualquier otro diputado de la Asamblea, que al estar adscritos a un grupo no pueden hacer uso de la palabra si no son el portavoz accidental del mismo en el punto que se esté tratando.
El Reglamento señala incluso que si hubiese dos o más diputados que hubiesen abandonado la lista por la que concurrieron a las elecciones, como Hamed con Caballas, podrían crear un grupo pero “a los exclusivos efectos de participar en las Comisiones que eventualmente se constituyan y en la Junta de Portavoces”.
Así las cosas, el PSOE ha concretado su acercamiento a Hamed asumiendo la defensa de la propuesta con la que pretende “modificar la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Ceuta para que la bonificación a aplicar en función de ingresos inferiores a 9.000 euros pueda ser solicitada por las personas afectadas y aplicada por Servicios Tributarios en cualquier momento del año a los efectos de bonificar la tasa de la que se trate al mes siguiente de la solicitud de la misma”.
Según la redactora de la iniciativa con ella se pretende “intentar equilibrar las grandes desigualdades sociales y que ahora se hacen más palpables por los tiempos de crisis que venimos viviendo”.
Sobre las propuestas y las mociones
El Reglamento de la Asamblea establece que en los debates en el Pleno “ningún Diputado podrá hablar sin haber pedido y obtenido del presidente la palabra” y que los debates se iniciarán “con la intervención del portavoz del Grupo Político o del miembro del Gobierno que proponga el acuerdo” para dar después la palabra “a los Grupos Políticos”, que es también al concepto al que se refiere para la facultad de presentar “propuestas de urgencia”. El texto sí recoge literalmente que “todo diputado tiene derecho a interpelar al Consejo de Gobierno” y hablar cuando reciba “alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes”.
El Pacto Antitransfuguismo dice que el no adscrito no tiene sitio en las comisiones
El Pacto Antitransfuguismo firmado a finales de los noventa por los principales partidos políticos nacionales y retocado en varias ocasiones resume su espíritu como una forma de comprometerse “plenamente” con “el respeto a la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones y, como deber derivado de ella, con el ejercicio de la lealtad política en los gobiernos locales”.
Los firmantes acordaron “rechazar y a no admitir en su grupo político local a un concejal o a cualquier otro cargo representativo local integrado en la candidatura de otra formación, mientras mantenga el cargo conseguido en su candidatura original”.
Asimismo, se comprometieron a “impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener activamente o cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones públicas, a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos, y a desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter reglamentario y protocolario”, que es a lo que responde según la Junta de Portavoces la redacción literal del Reglamento de la Asamblea de Ceuta.
El Pacto advierte, por añadidura, de que “no existe, un derecho del concejal no adscrito a participar en todas las Comisiones Plenarias” y que “el grupo municipal que sufre merma por la acción del tránsfuga no deberá ver reducida su participación en las mismas, sin que implique vulneración alguna de los derechos individuales del concejal”.
