Conforme se alargan, las conversaciones y las disputas alrededor del futuro del contrato de limpieza pública viaria y recogida de basuras tienen menos apariencia de poder terminar por las buenas y sin que ninguna parte “haga daño” a la otra. El Gobierno de la Ciudad y Trace han explicitado durante los últimos días como nunca hasta ahora, “auditoría” de por medio, sus diferencias y sus recelos. El Consejo de Estado primero y los Tribunales presumiblemente después deberán dirimir durante los próximos meses los nudos que complica la resolución de un conflicto al que, en cualquier caso, según las fuentes consultadas, en casi imposible dar una solución pactada. El Ejecutivo local ha barajado durante los últimos meses múltiples opciones para prescindir de Trace y licitar un nuevo concurso recurriendo a
Tragsa como gestor intermedio. La concesionaria, por su parte, ha planteado varias veces su decisión de dejarlo por falta de rendimiento económico. Ambas partes, que se reclaman mutuamente alrededor de cinco millones de euros o más tras apenas un lustro de relación, han quedado ligadas siempre cómo terminar sin acabar en una pelea judicial de imprevisibles consecuencias económicas. Trace ha dado recientemente un paso al instar al Gobierno, que a su vez ha recabado informes de sus técnicos, a poner en manos del Consejo de Estado si el contrato que une a la UTE con la Administración es de “servicios” o de “gestión de servicios”. En ambas modalidades contractuales el objeto es la prestación de un servicio y entre los elementos que convierten ese servicio en un contrato de gestión de servicio público está, en primer lugar, que el objeto del contrato pueda ser calificado como un servicio público” Además, el objeto del contrato debe estar constituido por la gestión de la totalidad del servicio público, lo que significa que el concesionario tiene la potestad de organización y planificación”. Los Pliegos de la concesión de la que ACC y Lirola tomaron las riendas en febrero de 2013 se rotulaban “para la Gestión del Servicio Público de limpieza viaria y de recogida de residuos domésticos” pero, al menos a ojos de la empresa, su título era incongruente con su contenido, propio del otro formato al estipular hasta el último detalle cómo debía la adjudicataria realizar su cometido: cuántos operarios y camiones debían estar cada día en tal o cual barriada, a qué horas, etcétera. Desde el punto de vista de Trace, la Ciudad debía exigir unos resultados con la limpieza y la recogida de residuos (y una forma de evaluar su desempeño) dejando a la concesionaria el margen suficiente para establecer la manera de hacer su trabajo pero en ningún caso compaginar rasgos de uno y otro modelo efectuando detracciones de las certificaciones mensuales que la empresa sigue considerando “ilegales” pero que se vienen realizando desde el verano del año pasado.
Si se concluyese que es un contrato de servicios debería expirar en febrero
En octubre, la empresa ya alertó expresamente a “los técnicos firmantes” sobre la “posible responsabilidad” en la que podrían incurrir “al detraer cantidades siendo este un contrato de concesión y siendo el destino de los fondos en casi su totalidad para el pago a los trabajadores”. Según la Junta Consultiva del Estado, entre los elementos que pueden considerarse indicios de la asunción del riesgo de explotación por el concesionario está tanto “la potestad de organización y gestión del servicio” como “la vinculación de la contraprestación a elementos variables sometidos a las condiciones de mercado desvinculadas de su voluntad, como son el nivel de uso del servicio”. Si se concluyese que el firmado es un contrato de servicios, Trace considera que tiene otra carta ganadora: la duración máxima legal contemplada es de seis años (con prórroga incluida), con lo que debería quedar disuelto en apenas seis meses, en febrero del año que viene, y la concesionaria entiende que podría tener derecho a reclamar indemnizaciones por contar con un acuerdo firmado para diez años que podría extenderse otros tantos.