El abogado que representa ya a más de 70 de los ciudadanos cuyos nombres figuraban en la lista de adjudicatarios de la promoción de Loma Colmenar pedirá al Juzgado que se paralice el procedimiento de adjudicación que inició Emvicesa la semana pasada.Así lo ha explicado el letrado Jorge Gil Pacheco en los micrófonos del programa La Mañana de COPE Ceuta.
“Nuestra intención es, que si no se respetan los criterios, el reglamento general y las ordenanzas municipales vamos a dar los pasos de la paralización de este proceso y máxime si se tiene en cuenta la forma que se quiere hacer, que no es del todo justa, que es el sorteo”, subraya. Para Gil Pacheco, ese sorteo solo tendría “sentido” si los ciudadanos pudieran competir con otros en idénticas condiciones, “pero lo que no es justo es hacerlo en el mismo bombo con miles de demandantes más y meter en el mismo saco a quien lleve doce años o con quien lleve pocos meses o quien tiene una familia extensa con quien no la tiene”. Asegura que a su despacho llegan “a diario” nuevos afectados, y que los casos se tratan “uno a uno” y no como un conjunto “porque cada uno es distinto. Estudiamos la documentación de cada uno y en función de los papeles que nos entreguen estamos haciendo una actuación u otra”. Insiste en que la lista que fue publicada “no es una lista ‘fantasma’ como desde el Gobierno se quiere hacer ver. Esa lista emana de la propia Emvicesa y no la ha hecho un tercero ajeno a la administración. Hay 317 contratos hechos., y que el juez ha pedido que se aporten. No hay nada fantasma, no hay nada inmaterial. Es algo tangible y tendrá que ser la Justicia la que arroje algo de luz en este asunto”. En cualquier caso el proceso podría cambiar de manos en el juzgado después de que el juez del numero 3, que está instruyendo las diligencias, haya decidido presentar un informe de abstención por sus vínculos con el ex viceconsejero de Vivienda, Antonio López, al que desde el Gobierno se responsabiliza como la persona que ordenó adjudicar las viviendas. Será la Audiencia Provincial la que decida si lo acepta o no el informe que presenta el letrado. “No voy a entrar en hablar de deslealtades políticas, pero lo que sí hubo es una persona que dio unas órdenes a los funcionarios y se llamaron a muchas de esas 317 personas. les anunciaron que eran adjudicatarios y les generaron unas expectativas que no se van a cumplir”, añade para subrayar que este caso, “del que solo vemos la punta del iceberg”, se podría encuadrar “presuntamente en un delito de prevaricación administrativa”.
Una investigación policial en curso
El letrado ha preferido mantenerse prudente, pero sí ha matizado que la Policía Nacional ya está tomando declaración a los afectados por si hubiera habido cobro de comisiones. “Tengo conocimiento de que hay una investigación policial. No puedo desvelar si tengo pruebas, pero sí que es verdad que cuando llegue el momento las pruebas las pondremos en conocimiento de su señoría. Por respeto a la investigación no voy a decir nada, pero si esto sale a la luz pública cuando se tome declaración hablaríamos de otro tipo de delitos”.
