El Juzgado Togado Militar de Ceuta será el encargado de investigar el incendio que se produjo el pasado 5 de octubre en el Monte de la Tortuga y donde todos los indicios apuntaban a que el fuego se inició como consecuencia de unas maniobras que estaban realizando soldados del Tercio Duque de Alba, II de la Legión.
Hasta ahora, a raíz de la denuncia presentada por Caballas, era el Juzgado de Instrucción número 2 la que se estaba encargando de la investigación, sin embargo, a última hora se ha inhibido en favor del Juzgado Togado Militar.
La Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad envió un escrito al Juzgado número 2 para que les informara sobre si, al final, había decidido abrir diligencias previas en esta materia, para que si así era, entonces, suspender el expediente informativo que tenía abierto por parte de la Ciudad Autónoma, tal y como marca la legislación. Sin embargo, la respuesta de este Juzgado ha sido que se ha inhibido en favor del Juzgado Togado Militar, con lo cual, esta consulta se deberá hacer ahora a la Justicia militar para que la misma proceda a contestar a la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Fue Caballas quien presentó la denuncia ante el Juzgado de Instrucción por si se pudieran depurar responsabilidades penales en el incendio declarado en el Monte de la Tortuga y que arrasó entre 30 y 35 hectáreas de alto valor ecológico. También entonces enviaron una carta al consejero Emilio Carreira, pidiéndole que incoara un expediente sancionador para depurar responsabilidades por la vía administrativa, ya que según los informes disponibles hasta la fecha “la causa del incendio fue un ejercicio” de tiro en la ladera izquierda del campo de tiro del Renegado.
La coalición tomó esta decisión porque consideró que la respuesta que ofrecieron tanto el Gobierno de la Ciudad como el Ministerio de Defensa “son absolutamente decepcionantes, no depuran responsabilidades y dejan muchas incógnitas”.
Entiende Caballas que hay una “infinidad” de normas incumplidas por parte de Defensa en lo que respecta al campo de tiro, normativa incluso del propio ministerio y también de la Ley de Montes, no solo en este incendio, sino en los entre 15 a 20 expedientes abiertos por conatos de incendio en la misma zona de los últimos treinta años. Para Alí, si ese incumplimiento se hizo de forma consciente era un “ilícito penal” y si se produjo por dejadez de la Ciudad Autónoma era igualmente punible “porque en la Ciudad también existe una normativa específica que no se siguió”.
Por su parte, el también diputado de la coalición, Juan Luis Aróstegui, criticó que el Gobierno local quería “desviar” el foco del debate y que presente lo ocurrido como una “dicotomía entre si el Ejército es bueno o malo”. “Caballas no tiene en contra el Ejército o sus ejercicios de tiro, pero quien quema el monte debe pagar por ello, como es algo normal”.
