El juicio

Ha quedado visto para sentencia el juicio por la causa seguida en el Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado de España, por presunta revelación de secretos. Durante el tiempo que ejercí como abogado no había visto nada igual. Pese a todo, mi confianza en la Justicia sigue siendo bastante alta. Pero, esto no es impedimento para que piense que posiblemente estamos ante uno de los mayores escándalos judiciales de los últimos tiempos en nuestro país. Es la opinión también de muchos juristas de probado prestigio.

En lenguaje simple y coloquial, lo que aquí se trata es de una causa comenzada por la denuncia de revelación de secretos de un señor, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cometió dos delitos fiscales, consistentes en la ocultación de ingresos y la utilización de sociedades interpuestas para reducir fraudulentamente la cantidad a pagar a Hacienda. En concreto, se le acusó de defraudar una cantidad significativa de dinero durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, superando el umbral penal establecido por la ley para que estos hechos sean considerados delito. González Amador reconoció los hechos y optó por llegar a un acuerdo con la fiscalía, comprometiéndose a devolver el dinero defraudado y abonar una multa para evitar el ingreso en prisión. Esto es lo que se contenía en el escrito que su abogado envió a la fiscalía, con el consentimiento del presunto defraudador.

Sin embargo, el escrito por el que propone este pacto, se lo entregó al jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), el cual lo hizo público, pero tergiversando intencionadamente su contenido, en el sentido de que había sido la fiscalía la que le había propuesto el acuerdo, pero que posteriormente lo anularon “por órdenes de arriba”. Es decir, el tal MAR acusó a la fiscalía y al Gobierno de España de urdir un plan para perjudicar a la presidenta madrileña. En el juicio ha manifestado que se “inventó” el relato. O lo que es lo mismo, que mintió y no contrastó los hechos porque él es periodista y no notario, según dijo en sede judicial.

Ante estos hechos y estas mentiras, el Fiscal General del Estado se vio en la obligación de recabar datos y emitir una nota de prensa informando de la verdad. De esta forma defendía a la fiscalía de un ataque sin precedentes y aclaraba una mentira. Sorprendentemente, el Fiscal General fue acusado de revelación de secretos. Primero por la publicación de una nota de prensa en la que, según algunos, entre los que se encuentra el Decano del Colegio de Abogados de Madrid, se daban a conocer datos confidenciales de un particular, pese a que los mismos ya habían sido publicados. Y cuando la publicación de la nota de prensa fue considerada como no delictiva por el Tribunal Supremo, se comenzó el relato de que el Fiscal General había filtrado el escrito del Sr. Amador.

Durante la caótica instrucción del Juez Hurtado, se ordenaron registros masivos e indiscriminados del despacho del Fiscal General y de la Fiscal Jefe de Madrid. Se requisaron los móviles y los ordenadores portátiles y se encargó una investigación a la UCO de la Guardia Civil. No han encontrado evidencias de que el Fiscal hubiera sido el autor de la filtración. Solo conjeturas y suposiciones de los agentes de la UCO. Tampoco han tenido en cuenta las manifestaciones de un numeroso grupo de periodistas que aseguraban que ellos habían accedido a este correo mucho antes que el Fiscal General. Y tampoco decidieron investigar las mentiras de MAR.

Lo que queda en la mente de bastantes personas es que un defraudador confeso y un Jefe de Gabinete que ha utilizado una institución pública para defender a un particular, han conseguido sentar en el banquillo al Fiscal General del Estado. Y si esto es así, nadie está a salvo en este país. Cualquier presunto delincuente o un Jefe de Gabinete mentiroso y sin escrúpulos pueden poner en cuestión al Estado de Derecho.

Según juristas prestigiosos la instrucción ha sido “absolutamente disparatada”. Y el juicio se ha abierto sin la existencia de pruebas para sostener la acusación y el juicio oral. Han valido más las afirmaciones y las mentiras de un Jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, de probada reputación de mentiroso compulsivo, enemigo de periodistas y manipulador. Pero ya no solo se trata de un ataque sin precedentes a la fiscalía española, sino de la reputación del propio Tribunal Supremo y de la propia Justicia en nuestro país, que ha quedado muy dañada.

Me han parecido muy acertadas las alegaciones efectuadas en el informe final por el Abogado del Estado, como resumen de todo lo acontecido: “….Por eso señorías, entendemos que los hechos que se atribuyen al Sr. Fiscal General del Estado carecen de base probatoria, son atípicos y por lo tanto el Sr. Fiscal General del Estado es inocente de todo lo que se está diciendo aquí. Se ha criminalizado una actividad institucional de dación de cuentas, por un lado, y de emisión de un comunicado oficial por parte de una institución, para salir al paso de informaciones que ponían en cuestión a la institución, a los fiscales y al Fiscal General del Estado…”.

Pase lo que pase, el daño está ya hecho. A las instituciones, al Estado de Derecho y al propio Fiscal General, cuya limpieza y reputación han quedado manchadas injustamente. Esperemos que esto nos sirva de enseñanza de lo que no se debe de repetir en el futuro.