El Juzgado de lo Penal nº 1 de Ceuta ha señalado para el comienzo de las sesiones del juicio oral por el fallecimiento de dos neonatos para el próximo día dieciseis de febrero a partir de las diez y cuarto de la mañana, imputando los delitos de homicidio imprudente contra los doctores J. J.Q.G y S.O.A. Se trata de unos hechos que ocurrieron en el Hospital de la Cruz Roja de Ceuta, propiedad de INGESA, cuando una mujer dio a luz a dos gemelos; la niña pesó al nacer 490 gramos y el niño 470 gramos y con 24 semanas y media de gestación.
Según el Defensor del Paciente los médicos de guardia no eran ginecólogos ni pediatras, sino simples médicos de medicina y sin consultar con los progenitores ni nada; decidieron que los niños no eran viables y por tanto, sin autorización de los padres decidieron no meterlos en la incubadora ni alimentarlos, dejándolos morir sin más, informando a los padres que iban a tener una vida de tan sólo diez minutos y que intentar intubarlos y alimentarlos, servía sólo para “alargar el sufrimiento”. Alegan que, contra todo pronóstico, lo cual demuestra que hubieran podido sobrevivir, la niña vivió 22 horas y el niño 12 horas, debatiéndose entre sufrimientos y lloros.
Se da la circunstancia que incluso según manifestaron los abuelos pidieron ver a los críos y se le facilitó por la matrona que pudieran verlos, y cuando la abuela vio a los niños titiritando, lo intentó tapar con la sabanita, que había llegado del parto, que estaba incluso manchada de sangre, a lo que la matrona se opuso diciendo que había recibido órdenes tajantes de no abrigarlos, alimentarlos, ni calentarlos, para evitar un inútil sufrimiento y alargamiento de la vida.
El hospital dijo que se iba a hacer cargo del entierro y a día de hoy todavía no le ha dicho a los progenitores en que sepultura los han enterrado o si los han incinerado.
La familia mantiene la acusación particular por lo que entiende ha sido una clara denegación de asistencia sanitaria, hurtando los licenciados en medicina la decisión de los progenitores, sobre si se debía o no intentar salvar la vida de sus hijos.
La dirección jurídica de la paciente afectada, ha sido tramitada por el letrado José Luis Ortiz Miranda, especialista en Derecho Sanitario y adscrito a los servicios jurídicos del Defensor del Paciente en Cádiz
