El Fiscal pide hasta un año de cárcel para los subsaharianos

Uno por uno y así hasta 35 nombres. Pasadas las diez y veinte de la mañana, el agente judicial comenzaba a nombrar a los subsaharianos que fueron detenidos el pasado 10 de septiembre en la plaza de los Reyes y que ayer habían sido citados en la Audiencia para responder, ante la jueza del juzgado de lo Penal número 1, por un delito de desobediencia.

Ninguno de ellos compareció así que la titular del juzgado optó por celebrar la vista en ausencia de los acusados, en una sala, la de la Sección VI, elegida precisamente por su amplitud para acoger a todos los presentes. Un solo testigo, el policía nacional jefe de la UPR que practicó la detención, prestó declaración a petición del Ministerio Fiscal, que, a la lectura de las conclusiones, mantuvo una petición de entre 9 meses y un año de cárcel para los imputados. Por contra las defensas defendieron la absolución de sus patrocinados al entender que no habían incurrido en delito alguno.
El jefe de la UPR que ordenó la práctica de las detenciones señaló que se les había advertido a los subsaharianos de que no podían estar en la plaza, después de que éstos hubieran quedado en libertad tras la primera de las detenciones. Se le dijo en castellano y francés, tanto en persona como mediante el uso de la megafonía. El agente confirmó que estaba seguro de que los inmigrantes habían entendido lo que se les decía, conociendo así que no se les permitía, por orden del delegado, permanecer concentrados en la plaza de los Reyes. “Tenían una actitud de no atender los requerimientos”, indicó. Eso sí, no pudo asegurar que en esa concentración los acusados estuvieran provocando algarada alguna, porque, sencillamente, no estaban ni gritando, ni increpando a los viandantes, ni enfrentándose a los agentes. “Cuando les comuniqué” que debían abandonar la plaza “estaban tranquilos” ni “alterados” ni tampoco insultaban a alguien. “Estaban callados, de pie, en la plaza”, indicó. Así que para fundamentar su intervención declaró que los detenidos ejercían “una violencia moral”. ¿A qué se refería con este término? Aludía a que la toma de la plaza por estos inmigrantes podía terminar provocando algún altercado. “En otras ciudades los ha habido”, teniendo que producirse una “carga policial” ante personas que, al igual que hicieron los acusados, se tiraban al suelo. El agente indicó, para justificar la intervención de la unidad que dirige, que la actuación “era muy delicada” pero que, finalmente, salió “limpia”, sin generarse incidentes en los arrestos de unas personas que decían querer quedarse en la plaza “hasta la muerte” y que no se resistieron ante la acción policial. Con el término de ‘violencia moral’, el jefe de la UPR aludía a los posibles disturbios que podían generarse en personas que mostraban “una frialdad” y unos “gestos” no propios de esta sociedad. Es decir que la Policía actuó más en materia de prevención ante la posibilidad de que hubiera delitos, al estilo de la película ‘Minority Report’ con su policía pre-crimen incluida.
A preguntas de las defensas el único testigo del juicio indicó que los cameruneses estaban divididos en cuatro grupos y que cuando les informó que se les iba a detener no tuvo dudas de que le entendían. “Sea el idioma que sea, nos entendemos perfectamente”, señaló.
Matizó que al carecer de una autorización para concentrarse la Policía tenía que intervenir ante una posible alteración, ya que los subsaharianos no estaban cumpliendo con los requisitos que se le exigen a cualquier otro ciudadano que quiere manifestarse. Lo que sí dejó claro el jefe de la UPR fue que su actuación se basó en un cumplimiento de la orden de su superior, y, presumió que éste le habría ordenado dicha actuación basándose en la resolución del delegado del Gobierno. De hecho el declarante no actuó siguiendo dicha orden sino atendiendo la directriz de su superior.
Respecto al número de subsaharianos detenidos -35-, la Policía recalcó que sospecha que alguno de los inmigrantes concentrados en la plaza se marchó antes del arresto.

Si hay condena ¿tendrán que ir a la cárcel?

El Ministerio Fiscal ha pedido para los 35 acusados penas de entre 9 meses y un año. Si son condenados ¿quiénes irán a la cárcel? Según mantiene el Fiscal sólo aquellos que ya tienen antecedentes, en el caso de marras: 4. Se trata de subsaharianos que han cometido delitos de desobediencia o de atentado y que fueron condenados en su día. Ahora si vuelven a serlo entrarán en prisión al acumulársele las penas ya que para ellos la petición es de un año. En ningún modo dicha condena se le cambiará por la expulsión. ¿Y qué pasa con el resto? Si son condenados, en este caso a nueve meses, se beneficiarían de la condicional, quedarían en libertad pero con la advertencia de que si cometen otro delito pueden entrar en prisión. De la sentencia que dicte la jueza depende el ingreso en prisión de cuatro de los imputados. Al margen quedan otros casos por juzgar.

“Lo justo es que queden absueltos”

Para el Ministerio Fiscal la relación de los 35 acusados con un delito de desobediencia está más que clara y considera que la actuación policial fue la correcta ya que “había que evitar comportamientos” que supongan “un perjuicio para los demás”. El Fiscal recordó, primero, que la concentración en la plaza no estaba autorizada y que se excedía el límite marcado por la ley en 20 personas. Así además indicó que los imputados habían “tomado la plaza” y que podían generar un problema de orden público además de alterar las condiciones de salubridad de la zona, frecuentada por familias, personas mayores y niños, que vieron vetado su derecho a utilizar la plaza.
Consideró grave que los subsaharianos se hubieran reiterado en el incumplimiento de la orden, ya que la del 10 de septiembre fue la segunda de las detenciones practicadas y, aseguró, habían provocado una intimidación, entre otros, a los policías. Una cosa clara dejó el Ministerio Fiscal, que había que actuar con estos acusados dictando una sentencia condenatoria ya que, con su actitud provocadora sólo perseguían una meta: “Su expulsión para ser trasladados a un CIE” y después de 60 días tener que ser puestos en libertad. “Tenemos que evitar un fraude de ley y una infracción de la ley de extranjería”, aseveró.
Visión bien distinta de la realidad juzgada fue la ofrecida por las abogadas que ejercían la defensa de los 35 acusados. De entrada señalaron que el caso enjuiciado era el ocurrido el 10 de septiembre. ¿Con esto qué querían recalcar? Pues que ni por parte de la Policía ni por parte del Ministerio Fiscal había que aludir a otros actos o comportamientos adoptados por los acusados. “Los demás casos son de otros procedimientos y no podemos mezclar acontecimientos”, señaló. Especialmente crítico fue el discurso de la defensa al recalcar que el Fiscal había aportado como única prueba contra los acusados el testimonio de un policía nacional y dijo que la resolución dictada por el delegado del Gobierno tenía un ‘defecto’, la fecha: por lo que sólo podía ser aplicable para el día señalado, el 6 de septiembre y no el 10. Así también indicó que en momento alguno se aporta por parte del Fiscal documento que asegure que a los subsaharianos se les notificó o se les comunicó de manera inteligible que no podían estar en la plaza de los Reyes. “Desconocemos si realmente entendieron la orden”, dijeron.
Para la defensa los acusados nada malo estaban haciendo en la plaza. De hecho destacó la ausencia de denuncia alguna de algún civil por estos hechos concretos que motivaron la detención. Asimismo se cuestionó la labor policial, calificando de “incongruente” la intervención. “Su obligación” (la de la Policía) “es estar preocupada pero otra cosa es detener a alguien que no hace nada”, aclaró. Y es que la ‘violencia moral’ o la impresión subjetiva de la Policía que presumía la generación de un delito no puede motivar una detención de este calibre. “El delito de desobediencia no se da”, especificó la defensa, que, aclaró, los subsaharianos podían ser sancionados por otra vía, por ejemplo la administrativa, pero nunca por la penal.
En base a lo ocurrido la defensa indicó que se podría incluso estar ante un caso de detención ilegal precisamente porque no se dieron los motivos para practicar el arresto, ya que los subsaharianos gozan de “los mismos derechos” que el resto de ciudadanos para poder estar en una plaza como la de los Reyes sin manifestarse, sin gritar y sin insultar. De hecho se puso de manifiesto las reiteradas manifestaciones de Comisiones Obreras que cortaron el tráfico y provocaron alteraciones “y a nadie se le ocurrió detenerles”, espetó la defensa. El hecho de que la Delegación tuviera un problema con los inmigrantes no debió motivar una detención que termine en la vía penal, ya que son “problemas que no atañen a este juicio”, señalaron. En una lacerante crítica a la actuación político-policial, la defensa indicó que la detención no podía estar motivada en la presión social o en lo publicado en la prensa ya que “si fuera así tendrían que estar detenidos muchos ceutíes”. Para las defensas lo “justo” es que los acusados queden absueltos.