El proceso legal del expediente que se inició hace más de dos años para que el último habitante del castillo de San Amaro saliera de la que aún es su casa continúa su curso.
El expediente fue recurriéndose en las diferentes instancias hasta llegar a la Audiencia Nacional, que volvió a desestimar el recurso interpuesto por la defensa de la persona que aún vive allí, y que nació allí.
La sentencia de la Audiencia Nacional data del 7 de julio, pero su notificación no se produjo hasta finales del mismo mes, por lo que aún se encuentra en fase de recurso, que se presentará próximamente. De este modo, la ejecución del expediente continuará paralizada hasta que el Tribunal Supremo decida sobre este nuevo recurso.
En virtud de una ley que se derogó en el año 2003, la de Dominio Público, era posible que personas vivieran en instalaciones militares. Pero en ese año se aprobó la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas, la que planteó un problema al seguir viviendo una persona en esta fortaleza que, además, es Bien de Interés Cultural. Se trata de una fortaleza construida en el siglo XVII para proteger uno de los lugares más vulnerables de Ceuta, precisamente la playa por donde los portugueses lograron conquistar la ciudad en el año 1415.
Además, se añade la complicación de que antiguamente la administración de los inmuebles propiedad del Ministerio de Defensa se administraban desde la propia Comandancia General de Ceuta. Ahora, sin embargo, han pasado a ser controlados desde el año 2009 por la SUIGE Sur (Subinspección General), cuya sede se encuentra en Sevilla.
El inmueble se encuentra actualmente en unas condiciones que dificultan su habitabilidad, pero su habitante no puede emprender arreglos por sí mismo, al tratarse de un Bien de Interés Cultural.
