Han pasado cinco años desde la muerte de este senegalés cuando iba a ser rechazado a Marruecos. Hoy el Comité contra la Tortura de la ONU considera que se produjo un trato degradante e inhumano y ordena a España que se investigue lo que sucedió aquella madrugada de 2007. A estas alturas de la película no seré yo la que me ponga a escribir sobre quién tiene la razón de lo que pasó aquella noche, de si los guardias pincharon o no los flotadores de los subsaharianos, de si el fallecido pedía ayuda para que no le arrojaran al agua y no se le hizo caso. Son asuntos que llevan más bien a poco, a tenor de los años que han pasado, pero sí tienen una utilidad más allá de lo que pide el Comité contra la Tortura de la ONU al ordenar a España que, cinco años después, investigue lo que pasó... ¿Qué va a investigar? En esta parcela, seamos serios, nada se va a conseguir. Pero, como les decía antes, sí que podemos obtener una utilidad de todo esto.
No olvidemos que los guardias siguen órdenes de sus mandos. Así que si un guardia arrojó a un subsahariano al agua, se adentró en Marruecos y lo rechazó, es porque sus superiores se lo mandaron. Es lo mismo que pasó años atrás, en 2005, cuando también los mandos ordenaron a los guardias que estaban de servicio en el perímetro rechazar a decenas de subsaharianos heridos por la valla. Y así se hizo, se abrieron las puertas y se mandó para Marruecos a hombres y mujeres que, sangrando, acababan de saltar el vallado. Esto no lo investiga el Comité contra la Tortura porque nadie ha meneado el asunto para que lo haga. En el caso de Sonko lo ha investigado porque su hermana no se ha cansado de pelear con el apoyo incondicional de un abogado de causas imposibles, Alberto Revuelta. ¿A dónde quiero ir a parar? A que todo tiene un origen, a que las decisiones se adoptan en los despachos mientras los curritos son los que se comen después los marrones por ser tan necios de no pedir las órdenes por escrito cuando las mismas chocan con la razón y el sentimiento. El Comité contra la Tortura de la ONU tiene que conseguir que de muertes como la de Sonko se obtenga algo: que se obligue a los Estados a actuar cumpliendo los tratados internacionales y respetando los derechos humanos sin ponernos nerviosos porque nos llegan avalanchas de hombres, mujeres y niños. El papel de los Estados es hacer cumplir esa ley y no bordearla a su antojo. Los inmigrantes tienen sus derechos y un Estado que se precia de ser demócrata tiene que aguantarse con lo que le viene y obligar a que se actúe siempre de acuerdo a la legalidad.
¿Qué pasó en 2007? Que la Delegación del Gobierno, con su delegado al frente, acordaron que había que cumplir unos criterios que se pasaban los convenios internacionales por el forro de los bajos. Así que, para quitarse el marrón de la inmigración, ordenaban a los mandos que mandarán a sus hombres llevar a cabo actuaciones arriesgadas como la que terminó con la vida de Sonko. Porque arriesgado es rechazar a un inmigrante en plena madrugada, arrojarlo al mar y obligarle a volver a Marruecos en donde están esperando para darle de todo menos las buenas noches. Eso es lo que debe investigar el Comité: ¿por qué se ordenaba antes esto y ahora no?, ¿quién lo ordenaba y por qué?, ¿será capaz de hacerlo?
