El 40% de la flota de taxis cobra la tarifa de una manera irregular

El 40% de la flota de taxis estaría cobrando, hoy por hoy, la tarifa de sus servicios de una manera irregular. No se puede afirmar que cobran de más o que cobren de menos, únicamente que no disponen del certificado correspondiente que viene a verificar que lo hacen de forma ajustada. Los taxis que operan en la ciudad disponen de un taxímetro instalado por la empresa ‘Taxitronic’ que es, por ley, la única legitimada para hacer tanto la instalación como la venta, revisión y actualización de las tarifas, y cuya exclusividad es de la cooperativa de Radio Taxi. Una vez al año los empresarios del sector deben pasar por revisión los taxímetros y deben hacerlo únicamente a través de los servicios que ofrece ‘Taxitronic’ en dicha cooperativa, siendo el único que puede expedir el certificado que venga a verificar que ese taxi ajusta sus carreras a lo legalmente establecido. Pues bien, ¿cuál es el problema? Que hasta las instalaciones del Parque Móvil han llegado varios vehículos componentes de la flota que hay operativa en la ciudad para pasar por la revisión integral que ordena la Consejería.  Han aportado un certificado que da como válida la revisión de su taxímetro, pero resulta que dicho aparato no ha sido revisado por técnicos de ‘Taxitronic’ con lo que nadie, con la potestad debida, puede garantizar que funcione adecuadamente.
El Parque Móvil señala que carece de medios para comprobar este extremo, y que sus actuaciones se centran únicamente en hacer la revisión integral del taxi, fiándose del certificado que sus dueños presentan.
¿Qué problema se avecina? Cuando haya que actualizar la tarifa, ya que debe ser ‘Taxitronic’ la que lleve a cabo dicho cambio y si no ha pasado la revisión de esos taxímetros dados por válido en el Parque Móvil, puede negarse a dicho trámite.
Fuentes del Parque Móvil consideran que el trabajo que a ellos les compete lo están haciendo de forma adecuada, dejando esta problemática en manos de las dos asociaciones del taxi en lo que consideran que podría ser una guerra encubierta entre cooperativas. “El Ayuntamiento no puede controlar esto, recibimos un certificado y lo damos como válido”, indica la Ciudad.