El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha alertado del creciente clima de inseguridad y preocupación que, según denuncia, se vive en Ceuta tras la reciente crisis fronteriza.
Ha exigido al Gobierno una respuesta inmediata que permita recuperar la normalidad y resolver la situación de las miles de personas que todavía permanecen en la ciudad.
En los últimos días se han conocido varias denuncias por presuntas agresiones sexuales, algunas de ellas con menores como víctimas.
A estos hechos se suman otros episodios trasladados desde Ceuta, como el caso de una mujer que habría encontrado dentro de su vivienda a un hombre que habría accedido al domicilio y se habría introducido en su cama.
El sindicato asegura que también ha recibido testimonios de mujeres que están evitando determinadas zonas, modificando sus horarios o recurriendo a medios legales de defensa personal por miedo.
Según el SUP, esta situación habría provocado incluso una demanda extraordinaria de sprays de defensa homologados en algunos establecimientos.
El SUP asegura que no pretende criminalizar a nadie por su origen, pero considera que tampoco deben minimizarse los problemas de seguridad que, a su juicio, se están produciendo.
“Quien permanece en España tiene derechos, pero también la obligación de cumplir nuestras leyes y normas de convivencia”, sostiene la organización sindical.
En este contexto, el sindicato mantiene la petición que formuló formalmente el pasado 23 de julio, antes de que estallara la crisis, para implantar en Ceuta un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).
El objetivo sería centralizar en estas instalaciones la recepción, filiación, reseña, identificación y primera asistencia de las personas llegadas de manera irregular, evitando así el colapso de las dependencias policiales.
El SUP subraya que no se trata de plantear una solución “excepcional ni improvisada”, sino de aplicar un modelo que ya funciona en territorios sometidos habitualmente a una fuerte presión inmigratoria, como Canarias, donde existen distintos CATE y, ante episodios de llegadas numerosas, se desplazan equipos especializados para reforzar las labores de identificación y tramitación.
El sindicato considera que el CATE debería estar acompañado de un dispositivo extraordinario de Extranjería y Fronteras, Policía Científica e Información, además de intérpretes y personal de seguridad, con capacidad para trabajar simultáneamente con un elevado número de personas.
Según la información de la que dispone el SUP, el refuerzo específico enviado para apoyar los expedientes de Extranjería estaría compuesto únicamente por seis funcionarios.
“No se pueden tramitar miles de expedientes uno a uno con seis policías de refuerzo”, denuncia la organización sindical.
El objetivo, según el sindicato, debe ser identificar y reseñar plenamente a cada persona, realizar las comprobaciones policiales necesarias y mantener posteriormente la trazabilidad de su situación y localización, especialmente cuando exista un procedimiento administrativo pendiente o pueda acordarse posteriormente una expulsión.
Una vez estudiado individualmente cada expediente, el Estado debe disponer también, según el SUP, de capacidad para ejecutar las resoluciones correspondientes.
En este sentido, recuerda que el CATE y el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) cumplen funciones diferentes y complementarias.
Mientras el CATE permite gestionar la recepción e identificación inicial, el CIE permite, cuando concurren los requisitos legales y existe autorización judicial, el internamiento de aquellos adultos respecto de los que se pretenda ejecutar una expulsión o devolución.
El sindicato considera imprescindible incrementar de forma sustancial los efectivos de Extranjería y Fronteras, Policía Científica, Información y Seguridad Ciudadana, tanto para completar identificaciones y comprobar antecedentes como para detectar o descartar posibles perfiles relacionados con delincuencia grave, radicalización o terrorismo.
“Identificar no significa criminalizar: significa distinguir, proteger a quien lo necesita y detectar a quien pueda representar una amenaza”, sostiene.
La situación de los menores requiere, a juicio del sindicato, un refuerzo de Policía Científica y Extranjería, intérpretes, médicos forenses y profesionales especializados.
El elevado volumen de casos estaría tensionando los recursos de Policía, Fiscalía, Medicina Legal, radiología y los dispositivos de protección.
El SUP defiende que, una vez acreditada la minoría de edad, debe garantizarse plenamente el interés superior del menor.
Al mismo tiempo, reclama agilizar la localización de sus familias y, cuando legalmente proceda y existan todas las garantías, promover su reunificación familiar y retorno al país de origen.
En paralelo, el sindicato pone el foco en la situación de los agentes destinados en Ceuta y de los desplazados durante la crisis, quienes, según denuncia, han soportado jornadas extraordinarias, duplicidades de servicio y una elevada presión operativa.
El SUP exige que este esfuerzo sea reconocido y retribuido dignamente y considera inaceptable que los servicios extraordinarios prestados durante una crisis de esta magnitud sean compensados con cantidades que rondan los diez euros por hora.
Respecto a las restricciones de permisos y descansos conocidas en otros cuerpos desplegados en Ceuta, el sindicato asegura que permanecerá atento a cualquier medida que pudiera afectar también a la Policía Nacional.
“La falta de personal debe solucionarse enviando efectivos, no trasladando permanentemente esa carencia a quienes ya soportan el dispositivo”, señala.
El SUP reclama más Policía Nacional y Guardia Civil para reforzar la seguridad ciudadana y la protección fronteriza; más efectivos de Extranjería y Policía Científica para los expedientes e identificaciones; refuerzos en Información y UFAM; más intérpretes y médicos forenses; un CATE “suficientemente dimensionado y dotado de personal”; una coordinación clara entre organismos y una cooperación eficaz con Marruecos.
El sindicato considera que Ceuta todavía no ha recuperado la normalidad y advierte de que, si existen mujeres que están cambiando sus hábitos por miedo, investigaciones abiertas por presuntas agresiones sexuales, miles de expedientes pendientes y recursos policiales y asistenciales sometidos a una presión extraordinaria, el Gobierno “no puede esperar a que ocurra algo más grave para volver a reaccionar”.
Por ello, el SUP insiste en que la ciudad necesita más seguridad, más policías y capacidad para identificar y resolver cuanto antes la situación de las personas que permanecen en Ceuta tras la crisis fronteriza.
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