Había leído algo sobre el concepto de greenwasching o lavado verde, que no es más que algo parecido al postureo medioambiental que practican algunas grandes compañías, vendiéndonos lo mucho que hacen por el medioambiente y la sostenibilidad, financiando bonitas campañas de recogida de residuos o plantación de árboles, pero ocultando sus prácticas más sucias, no solo contra el planeta, sino también contra la salud de sus propios trabajadores y trabajadoras. Fundamentalmente los que tienen contratados en países en vías de desarrollo. Sin embargo, nunca había oído hablar del greenhushing o ecosilencio.
Nos lo explica muy bien Miguel Ángel Soto, biólogo y responsable de las campañas de Bosques y Empresas, y Derechos humanos en Greenpeace. Se trata de una táctica de ciertas empresas de ocultar o no dar toda la información sobre los esfuerzos que hacen en materia de sostenibilidad, para así librarse de la presión de tener que haberlo de manera rápida y efectiva. Esta práctica, que es legal, lo que realmente genera es desconfianza en el consumidor, por lo que en realidad es una práctica contra los consumidores.
Se trata de una variante más sobre comportamiento empresarial y lo que comunican a la sociedad. El mensaje que transmiten al ocultar total o parcialmente la información es restar importancia o disimular parte de sus compromisos medioambientales, sociales y de género. Es decir, un miedo al coste reputacional que implicaría sufrir un castigo o multa por las infracciones que pudieran estar haciendo en esta materia. Y esto va en contra de los derechos de los consumidores, a juicio de Soto. Y lo explica de forma muy clara. “Si yo quiero elegir un producto en función de su etiqueta, no solo por sus valores nutricionales, sino también si es ecológico, no hay maltrato animal, etc., esa información no puede estar secuestrada”. Porque no basta con decir que se cumplen estos requisitos, además tienen que demostrarlo.
Y este no comunicar tiene un doble daño. No estamos avanzando en los cambios transformadores necesarios a las que las empresas están obligadas por ley. Y no se están preservando los derechos de los consumidores. Es decir, se retrasa la transición ecológica, la economía circular y cualquier otro cambio transformador en el mundo del consumo.
El termino, como nos explica Greenpeace en su último blog, procede de Estados Unidos y tiene que ver con las presiones del partido Republicano y de una parte de la extrema derecha más negacionista del cambio climático, que señalan a las empresas que defienden posturas de sostenibilidad como “progresistas”. Por ello, ante la amenaza de represalias, muchas empresas optan por el silencio. Sin embargo, se trata de un silencio cómplice y peligroso, porque se está jugando con la idea del multilateralismo o con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2023.
El ecosilencio, por tanto, tiene mucha relación con la campaña de desinformación que se realiza a diario desde las grandes plataformas tecnológicas como Facebook, Google, o Twiter (hoy X), cuyos algoritmos dan prioridad a la difusión de contenidos polémicos y sensacionalistas, o directamente falsos, porque son la base de su negocio (“Poder y Progreso” de Daron Acemoglu y Simon Johnson, 2023).
Frente a este enorme poder de las grandes tecnológicas, que provoca efectos tan perversos como el ecosilencio, del que venimos hablando, se imponen actuaciones rápidas, a la luz de lo que históricamente hizo el movimiento progresista a nivel internacional en situaciones similares. Por un lado hemos de cambiar el discurso y las normas imperantes. En este sentido son necesarias campañas fuertes de seguimiento del comportamiento empresarial que permitan la difusión y el conocimiento de los problemas a nivel global.
Por otro lado hemos de promover lo que se denominaron en su día poderes compensatorios, que no es más que la organización de movimientos amplios capaces de oponerse a estas prácticas y obligar a los gobernantes a aprobar nuevas reformas. Por ejemplo, es urgente, según explica Geenpeace, se ponga en marcha la nueva Ley de Consumo Sostenible para llevar a cabo una auténtica defensa de los derechos de los consumidores.
El tercer y último principio, como nos dicen Acemoglu y Johnson, serían las soluciones políticas, articuladas a partir de nuevas investigaciones, narrativas y experiencias.
Lo que no tiene cabida en este mundo, ni en esta situación, es quedarse con los brazos cruzados.
