Saida El Bouazzati, una extrabajadora transfronteriza en Ceuta, es una de las tantas víctimas de un cierre que interrumpió su sustento y de una reapertura con condiciones que terminó por arrebatarle la posibilidad de despedirse de su compañero de vida.
A Saida, como a muchos otros en su misma condición, la pandemia le impidió seguir cruzando desde Marruecos a Ceuta para trabajar como lo hacía normalmente, pero su historia va más allá de la pérdida de un empleo, pues denuncia ser un “un claro ejemplo de una negligencia administrativa con profundas consecuencias personales”.
La mujer relata que durante los últimos meses de vida de su esposo, que residía en Barcelona con una discapacidad del 95%, “solicité un visado humanitario al Consulado General de España en Tetuán”, pero que “a pesar de aportar toda la documentación requerida y explicar la urgencia del caso” su petición fue denegada “sin atender las circunstancias humanitarias”.
Pero esta negativa no la detuvo, Saida dirigió una carta al defensor del Pueblo, “que recomendó reconsiderar la decisión”. No obstante, señala que “el Consulado incumplió los plazos legales para responder y esto me dejó sin posibilidad de recurrir legalmente”.
“Que se revoque la resolución denegatoria adoptada en el visado solicitado por la interesada, adoptando la resolución que corresponda en derecho, tras la toma en consideración de la documentación aportada para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos, así como de las circunstancias humanitarias presentes en el caso”, fue lo que indicó el defensor.
El resultado de un proceso agotador y fallido fue el peor de los desenlaces para Saida, quien tuvo que enfrentar desde lejos el fallecimiento de su esposo, “en una situación devastadora que podría haberse evitado”.
A Saida nadie le repondrá esos últimos momentos que pudo haber pasado con su esposo, pero la ayuda que pide ahora es para dar a conocer su historia. Esta mujer busca “visibilizar la vulneración de derechos que enfrentan muchas personas transfronterizas por decisiones administrativas negligentes”.
Con los documentos que respaldan su caso, incluidos los informes y las comunicaciones con el Defensor del Pueblo, así como las respuestas, o la falta de ellas, por parte de las autoridades correspondientes, Saida no entiende el porqué su visado no fue aprobado.
“Siento que mi esfuerzo como trabajadora transfronteriza y mis derechos como persona han sido completamente ignorados, y me gustaría que mi caso se visibilizara, no solo por mí, sino por todas las personas en situaciones similares que se ven vulneradas por la negligencia administrativa”, insiste la mujer.
