A sus 54 años y con tres hijos mayores de edad a su cargo, Saliha Kerkour-El Miad recibirá esta mañana, a las 10:00, la visita de la Policía Nacional en la habitación del hostal que ocupa desde hace tres años en la barriada de Benítez.
Con una orden de desalojo en la mano, los agentes le obligarán a abandonarla al entender el juez, en un auto firmado el pasado 20 de mayo, que en su día “usurpó” ese espacio “sin autorización ni consentimiento de su titular”. Desde hace cinco meses, la propietaria del establecimiento le ha ido privando de luz, agua e incluso del uso de los servicios, ahora custodiados bajo llave. Alega que su presencia le provoca un grave perjuicio económico y daña la imagen del negocio.
Hasta ahí los datos objetivos, porque el resto de detalles que rodean la historia difiere según las versiones aportadas por cada una de las partes. Viuda y exvendedora de cupones de lotería de Cruz Roja, Saliha asegura que no cuenta con recursos para costearse una vivienda, que arrastra ya a sus espaldas cuatro desahucios anteriores –en el Recinto, en Villajovita, Juan Carlos I y Hadú– y que hace siete meses perdió las ayudas que recibía de Asuntos Sociales. También narra que la enfermedad renal de un hijo le ha obligado a desplazarse de forma asidua hasta Sevilla, una circunstancia que unida a varias dolencias físicas le impide encontrar un trabajo estable con el que afrontar los pagos mensuales. A eso suma un supuesto agravio comparativo que la relega siempre a los últimos puestos en la adjudicación de las VPO. Ese cóctel de obstáculos, asegura, es el que hoy, salvo milagro de última hora, se traducirá en su expulsión.
Desde la Consejería de Asuntos Sociales dibujan otro escenario. Su propia titular, Rabea Mohamed, asegura a El Faro que la afectada ha recibido en los últimos años atención constante de su departamento, incluido el alojamiento en viviendas de protección oficial, pero que incluso en momentos en los que contaba con ingresos económicos –un hijo figuraba en el Plan de Empleo– se ha negado a afrontar la parte del pago del alquiler que le correspondía. También recuerda que tras el cierre del albergue de Cruz Blanca, donde estuvo alojada, se le ofreció en numerosas ocasiones que se acogiera al Programa de Alquiler, por el que la Ciudad asume casi la totalidad de la mensualidad del arrendamiento, pero que tampoco ha aceptado. “Le encontramos la pensión, pero allí no puede quedarse eternamente”, subraya la consejera, quien entiende las quejas de la propietaria del establecimiento, molesta por un supuesto comportamiento “poco cívico” de los integrantes de la familia, que habrían llegado incluso a cocinar en los pasillos y a ocupar toda una planta. “Le hemos buscado alquileres, pero se niegan a contribuir”, alegan en Asuntos Sociales.
Saliha advertía ayer de que si se cumple el desalojo, se instalará con sus bártulos en el Ayuntamiento. “No tengo adonde ir”, insiste.
