En 2019 fueron quemados 150 contenedores. Esto pasó en una ciudad de reducidas dimensiones como es Ceuta y afectó sobre todo a barriadas como el Príncipe o Juan Carlos I. Solo este mes de enero -aún sin finalizar- han sido pasto de las llamas casi 40. Si quieren entender esta cifra en dinero podríamos decir que se han quemado 11.000 euros. Dinero de todos, por cierto. Estamos ante un problema de seguridad serio, en torno al que urge la adopción de investigaciones serias. Considerar esto como puro vandalismo es no calibrar las dimensiones de un problema que debe ser atajado de raíz. Ceuta no puede permitirse la consideración de “normal” para la quema de decenas de depósitos cada mes, por sistema, porque sí.
La propia empresa de limpieza ha registrado desde septiembre que el auge en esas quemas es claro. Fue desde ese mes cuando la situación comenzó a desequilibrarse hasta el punto de no ser considerado algo normal, porque no, no lo es.
La Policía trata de esclarecer qué está pasando y busca responder a una pregunta que nos hacemos todos: ¿qué es lo que hay realmente detrás? Quienes optan por pasar de puntillas sobre este asunto, quienes reducen estas agresiones constantes a los bienes de todos a meras chiquilladas, no están dándose cuenta de las dimensiones de una realidad social que no puede obviarse porque si no, habremos permitido que lo anormal en cualquier ciudad sea aquí la tónica.
Los ciudadanos son los principales paganos de esta situación. Son las víctimas de un daño general que no cesa y que se mantiene en alza, algo que es preocupante.
¿Cuántos recursos se están utilizando para colaborar en esa investigación de manera adecuada? Esto es lo que debemos preguntarnos los ciudadanos, antes de dejar una batalla perdida por puro aburrimiento.