La polémica antena situada en las inmediaciones de una barriada de Ceuta vuelve a situarse en el centro del debate vecinal tras la reciente resolución emitida por el área competente en Telecomunicaciones, en la que se constata la ausencia de autorizaciones necesarias para la instalación y funcionamiento de la infraestructura.
El asunto, conocido ya públicamente tras el artículo publicado bajo el título “La antena de la discordia”, ha generado durante años una profunda preocupación entre los residentes de la zona, quienes denuncian la falta de información, transparencia y control sobre una instalación de grandes dimensiones ubicada a escasos metros de viviendas familiares.
Según la resolución administrativa, la antena carecería de permisos esenciales exigidos por la normativa vigente, motivo por el cual se habría acordado la prohibición de la instalación y el inicio de actuaciones administrativas relacionadas con su situación legal.
Los vecinos consideran especialmente grave que una infraestructura de estas características haya permanecido operativa durante más de dos décadas sin que, aseguran, se haya informado adecuadamente sobre las autorizaciones urbanísticas, sanitarias o técnicas correspondientes.
A esta preocupación se suma la incertidumbre sobre los posibles efectos derivados de la exposición continuada a emisiones electromagnéticas, motivo por el que decenas de familias han solicitado reiteradamente inspecciones técnicas y mediciones oficiales.
En las últimas semanas, los residentes han reforzado sus reclamaciones mediante la presentación de nuevas denuncias y escritos dirigidos a la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma, acompañados de más de 200 firmas vecinales reclamando una actuación urgente de la Administración.
Entre las peticiones formuladas se encuentran:
- La realización inmediata de una evaluación técnica y sanitaria.
- La publicación de las mediciones de emisiones electromagnéticas.
- La aclaración sobre la situación legal real de la antena.
- La adopción de medidas de protección para los residentes afectados.
Los vecinos denuncian además la “falta de respuesta institucional” y aseguran sentirse “abandonados” ante un problema que afecta directamente a cientos de familias de la barriada.
Tras conocerse la resolución de Telecomunicaciones, los residentes esperan ahora que las distintas administraciones implicadas actúen de forma coordinada y adopten medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de la legalidad y la protección de la salud pública.
La controversia sobre la conocida ya como “antena de la discordia” continúa así abierta y amenaza con convertirse en uno de los asuntos vecinales más sensibles de los últimos años en Ceuta.







Si reflexionamos detenidamente , todo esto es un conflicto familiar que intenta alguna de las partes que lo solucione la administración , pues no se ponen de acuerdo con la empresa que comparten, teniendo eso en cuenta , esa solución es una venganza, y es una lastima llegar a estos extremos.
Tan fácil como que el vecino no procesa el islam, no gana su dinero ilegalmente, tiene un negocio fructífero, sus apellidos no son árabes, no se meten con nadie, no van haciendo el gamba con los coches o motos, no se dedican al menudeo en menos o mayor escala… porque si esas características fueran verdad… NO PROTESTABA NI EL TATO. Es como el Bernabéu y sus conciertos, quien estaba antes?? Esa antena y esa familia lleva ahí años y años cuando en el cortijo moreno había 2 casas. Ahora que esa familia pida a urbanismo la legalidad de todas esas viviendas de cortijo moreno. A ver quien ríe último!
Sinceramente, mezclar aquí religión, apellidos árabes, menudeo, coches, motos o historias del Bernabéu demuestra que el nivel del debate ha caído bastante. Si ese es el argumento, casi prefiero no responder más.
Yo soy vecino de Cortijo Moreno y llevo 8 años viviendo junto a esa antena. No conozco personalmente al propietario ni tengo ningún problema personal con él. Lo único que exijo es exactamente lo mismo que se le exige a cualquier ciudadano: que todo esté legalmente en regla.
Y por coherencia, empiezo por mí mismo. Si mañana Urbanismo quiere revisar los permisos de mi vivienda, puede hacerlo sin problema, porque si uno exige legalidad también debe estar dispuesto a cumplirla.
Aquí nadie está atacando una religión, unos apellidos ni una familia. Eso lo ha introducido usted de manera completamente innecesaria y bastante desafortunada.
El asunto es mucho más simple: cualquier vivienda, comercio, obra, negocio, vehículo o instalación debe cumplir la normativa correspondiente. Exactamente igual ocurre con esta antena.
Y precisamente porque hablamos de legalidad y no de prejuicios, hoy existe una resolución de Telecomunicaciones confirmando la falta de autorizaciones. Por tanto, las dudas vecinales no eran odio, ni racismo, ni una conspiración: eran reclamaciones legítimas de vecinos que pedían transparencia y cumplimiento de la normativa.
He leído con atención el artículo publicado en El Faro de Ceuta bajo el título “La antena de la discordia”, y considero necesario aportar una reflexión más equilibrada sobre un asunto que, desgraciadamente, parece estar siendo tratado desde la alarma social y no desde la serenidad, los hechos y el respeto a las personas.
En primer lugar, conviene recordar que la radioafición es una actividad plenamente reconocida y regulada en España e internacionalmente, desarrollada desde hace décadas por miles de ciudadanos que colaboran incluso en situaciones de emergencia, comunicaciones especiales y apoyo técnico cuando otros sistemas fallan. Los radioaficionados no son delincuentes ni irresponsables; son personas apasionadas por la tecnología, las comunicaciones y el servicio público.
La existencia de una antena de radioaficionado no debería convertirse automáticamente en motivo de sospecha, miedo o señalamiento personal. Más aún cuando, según se desprende de diferentes testimonios conocidos en la zona, el propietario de dicha instalación ha mostrado siempre disposición absoluta para colaborar con la Administración, atender cualquier requerimiento técnico y corregir cualquier posible anomalía administrativa que pudiera existir.
Es importante diferenciar entre una cuestión documental o administrativa y una supuesta amenaza para la salud pública. A día de hoy, no existe ninguna resolución sanitaria que haya acreditado un riesgo real para los vecinos derivado de esa instalación concreta. Las afirmaciones alarmistas, cuando no van acompañadas de informes técnicos concluyentes, solo contribuyen a generar miedo innecesario y enfrentamiento entre ciudadanos.
Por supuesto, cualquier instalación debe cumplir la normativa vigente y someterse a las comprobaciones que correspondan. Nadie discute eso. Pero también debe respetarse la presunción de buena fe de quien durante más de veinte años ha mantenido una actividad conocida públicamente y que, lejos de ocultarse, ha estado siempre localizable y dispuesto a facilitar inspecciones o regularizaciones si fueran necesarias.
Resulta preocupante observar cómo, en ocasiones, determinados asuntos terminan convirtiéndose en campañas de presión personal donde parece más importante señalar a un vecino que buscar una solución técnica y razonable. Detrás de esa antena hay una persona con derechos, dignidad y trayectoria, que merece el mismo respeto que cualquier otro ciudadano de Ceuta.
La convivencia vecinal nunca debería construirse desde el enfrentamiento ni desde acusaciones insinuadas, sino desde el diálogo, la transparencia y el rigor técnico. Si existen cuestiones pendientes de aclarar, que las administraciones competentes actúen conforme a la ley, pero evitando alimentar un clima de condena pública anticipada.
Defender la legalidad también significa defender la proporcionalidad, el respeto y la objetividad.
Atentamente, Un saludo. 73
Precisamente lo llamativo de todo esto es que hace solo unos meses muchos defendían públicamente que el propietario tenía “todos los permisos”, que la instalación era completamente legal y que las denuncias vecinales eran poco menos que paranoia colectiva.
Hoy, sin embargo, ya existe una resolución de Telecomunicaciones que confirma precisamente la falta de autorizaciones y acuerda la prohibición de la instalación. Por tanto, aquello que algunos calificaban de “alarmismo” resulta que tenía una base bastante más real de lo que querían admitir.
Aquí nadie está diciendo que la radioafición sea ilegal ni que un radioaficionado sea un delincuente. Lo que se está cuestionando —y ahora además respaldado por actuaciones administrativas— es si esta instalación concreta cumplía realmente con la normativa y las autorizaciones exigibles. Y la respuesta, a la vista de la resolución, parece bastante clara.
Hablar ahora de “presunción de buena fe” después de meses desacreditando las dudas vecinales resulta curioso. Porque si realmente todo estaba tan regularizado como algunos afirmaban con absoluta contundencia, hoy no estaríamos hablando de ausencia de autorizaciones ni de prohibiciones administrativas.
Y precisamente por respeto, objetividad y rigor técnico —palabras que usted menciona— lo razonable es reconocer que los vecinos tenían derecho a pedir explicaciones y controles, especialmente cuando finalmente se demuestra que las autorizaciones que algunos daban por existentes no estaban en regla.
La convivencia también pasa por aceptar que reclamar legalidad y transparencia no convierte a nadie en alarmista, sino en ciudadano.
Supongo que es una antena de radioescucha, no de radioaficionado. Para escuchar emisiones en todas las bandas se puede poner el tipo de antena que uno quiera. ¿Acaso no hay quien pone una antena de televisión para ver y oír las emisiones en esa banda? ¿Acaso no hay quien pone una antena parabólica para recibir en otras bandas? Pues es lo mismo, para escuchar bandas de frecuencias de onda corta, media y media larga hay que poner una antena adecuada, y al igual que con el resto de las antenas para ejercer la escucha no se requiere ningún permiso ni autorización. Un saludo.
No. Ahí es donde estás confundiendo una simple antena doméstica de recepción con una estación radioeléctrica fija de determinadas características.
La propia normativa española lo deja bastante claro. La Orden IET/1311/2013, que regula el uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados, establece en su artículo 18 que “la instalación y funcionamiento de cualquier estación fija de radioaficionado precisa de una licencia”. (BOE)
Además, el Real Decreto 123/2017 sobre uso del dominio público radioeléctrico indica en su artículo 16 que para la instalación y utilización de estaciones radioeléctricas es necesario obtener título habilitante, aprobación técnica y autorización administrativa correspondiente. (BOE)
Por tanto, intentar comparar esta instalación con una antena de televisión o una parabólica doméstica es técnicamente incorrecto y jurídicamente engañoso.
Una pequeña antena receptora doméstica no es lo mismo que una instalación fija de radiofrecuencia de grandes dimensiones, con estructura, soportes y utilización del dominio público radioeléctrico.
Y precisamente por eso Telecomunicaciones no dicta resoluciones administrativas contra “antenas de TV”, sino contra instalaciones que sí están sometidas a regulación, autorización y control.
Las afirmaciones publicadas resultan especialmente desproporcionadas e infundadas al referirse a una estación de radioaficionado, una actividad plenamente legal, regulada y sometida a autorización administrativa por parte de las autoridades competentes.
Intentar trasladar a la opinión pública la idea de una instalación “oculta”, irregular o carente de control durante más de dos décadas no se corresponde en absoluto con la realidad de las estaciones de radioafición. Este tipo de actividad está regulada por normativa estatal específica, requiere identificación oficial, licencias administrativas y el cumplimiento de estrictos parámetros técnicos establecidos por la legislación vigente.
Del mismo modo, insinuar supuestos riesgos para la salud derivados de emisiones electromagnéticas sin aportar un solo informe técnico que acredite niveles fuera de los márgenes legales constituye una afirmación alarmista carente de base científica. Las estaciones de radioaficionado autorizadas operan bajo límites de emisión perfectamente definidos y supervisados, establecidos conforme a recomendaciones y estándares internacionales de seguridad.
Conviene recordar, además, que no existe evidencia científica concluyente que demuestre que las emisiones en onda corta de una estación de radioaficionado, funcionando dentro de los límites legales, sean perjudiciales para la salud. Por el contrario, estas instalaciones trabajan con niveles controlados y regulados muy por debajo de los umbrales considerados de riesgo por los organismos internacionales competentes.
La radioafición es, además, una actividad histórica y reconocida internacionalmente, con fines técnicos, culturales, educativos y de apoyo en situaciones de emergencia. Miles de operadores en todo el mundo desarrollan esta actividad desde hace décadas sin que exista evidencia demostrada de incidencia negativa para la salud pública dentro de los parámetros autorizados.
Resulta igualmente contradictorio generar alarma social sobre una estación de radioafición mientras la inmensa mayoría de las personas utiliza diariamente dispositivos mucho más próximos y permanentes al cuerpo, como teléfonos móviles, relojes inteligentes o redes inalámbricas. De hecho, muchas de las personas que promueven este tipo de acusaciones probablemente llevan un teléfono móvil en el bolsillo del pantalón o de la chaqueta durante horas al día, exponiéndose de manera continua a emisiones de radiofrecuencia mucho más cercanas que las procedentes de una antena de radioaficionado correctamente instalada y regulada.
La preocupación vecinal merece siempre respeto, pero no puede utilizarse para desacreditar una actividad completamente legal mediante insinuaciones infundadas, omisiones de contexto o mensajes que generan alarma social sin respaldo técnico ni científico.
El debate público debe sustentarse en datos verificables, informes técnicos y cumplimiento normativo, y no en especulaciones o afirmaciones carentes de fundamento que únicamente contribuyen a la desinformación y al señalamiento injustificado de una actividad legal, regulada y reconocida internacionalmente.
Muy bien explicado y razonado Sr. Mendez
Confundes deliberadamente dos cuestiones distintas: la radioafición como actividad legal y una instalación concreta sobre la que ya existe una resolución administrativa por falta de autorizaciones.
Nadie está cuestionando que la radioafición exista legalmente ni su reconocimiento internacional. Lo que se está cuestionando es si ESTA instalación concreta cumplía o no con todas las autorizaciones exigidas por Telecomunicaciones, urbanismo y demás organismos competentes. Y según la resolución publicada, precisamente ese es el problema.
Intentar desacreditar la preocupación vecinal recurriendo a discursos genéricos sobre “la nobleza de la radioafición” no responde a la cuestión principal: si todo estaba correctamente autorizado y supervisado, ¿por qué Telecomunicaciones acuerda la prohibición de la instalación?
También resulta curioso que hables de “afirmaciones infundadas” cuando son los propios vecinos quienes han tenido que reclamar durante años información, inspecciones y mediciones oficiales. Pedir transparencia, informes técnicos y aclaraciones administrativas no es alarmismo; es un derecho básico de cualquier ciudadano cuando existe una infraestructura de grandes dimensiones junto a viviendas.
Y respecto al argumento de los móviles, es un recurso bastante pobre. Que existan otros dispositivos emisores no elimina la obligación legal de cualquier instalación fija de cumplir estrictamente con autorizaciones, controles y requisitos administrativos. Una cosa no justifica la otra.
La legalidad de la radioafición no convierte automáticamente en legal cualquier instalación concreta, igual que tener carnet de conducir no autoriza a circular sin ITV o sin seguro.
Aquí no se debate la existencia de la radioafición. Se debate el incumplimiento administrativo detectado por la autoridad competente. Y eso, guste o no, ya no es una opinión vecinal: es un hecho reflejado en una resolución oficial.
Cada día me sorprende más hasta donde llega la la tonteria mental por una simple antena, por muy grande que sea y que no nos preocupen tantos asuntos que si que nos afectan...en fin, radio patio trás el interes vecinal jajaja
La diferencia es que algunos todavía creemos que exigir legalidad, autorizaciones y transparencia administrativa no es “tontería mental”, sino sentido común.
Cuando una administración competente confirma la falta de autorizaciones en una instalación de grandes dimensiones junto a viviendas, el asunto deja de ser “radio patio” y pasa a ser un problema administrativo y vecinal real.
Pero claro, siempre es más fácil ridiculizar a los vecinos que informarse mínimamente sobre lo que ha resuelto Telecomunicaciones.
Y precisamente porque hay muchos asuntos importantes, lo lógico es que las normas se cumplan en todos, no solo en los que a algunos les interesan.
Pues adjunte a su preocupación vecinal la cantidad innumerable de parabolicas existentes, a ver que resuelve telecomunicaciones al respecto...para que cumpla las normas como todos y no solo en los que a algunos les interesa.
Volvemos otra vez a la misma comparación absurda entre instalaciones completamente distintas.
Una parabólica doméstica individual destinada a recepción televisiva no tiene absolutamente nada que ver, ni técnica ni administrativamente, con una instalación radioeléctrica fija de grandes dimensiones sobre la que ya existen actuaciones de Telecomunicaciones.
Intentar reducir el debate a “pues también hay parabólicas” es como comparar un ciclomotor con un camión articulado solo porque ambos tienen ruedas.
Y precisamente porque las normas deben cumplirse para todos, es por lo que se pide que también se cumplan en esta instalación concreta. Lo que no tiene sentido es pretender que una infraestructura sometida a regulación específica quede equiparada a una antena doméstica de televisión para desviar el verdadero problema.
Las administraciones no abren expedientes ni dictan resoluciones porque un vecino tenga una parabólica en su balcón.