Cuando A.A.B. presentó hace unos días su solicitud para participar en el proceso de adjudicación de alguna de las 170 viviendas de protección oficial de Loma Colmenar, volvió a vivir la experiencia que ya sufrió en marzo del pasado año, y que ya en su día recogió este periódico.
Al parecer, la entidad municipal de la vivienda, Emvicesa, no le incluía en dicha selección. ¿Por qué, se pregunta este vecino de la barriada de Benzú? No conoce la respuesta. Sólo sabe que su discapacidad, que alcanza un 84%, le capacita como parte del porcentaje de ciudadanos con derecho a acceder al cupo de viviendas para discapacitados. En este caso no ha sido así, y cuando A.A.B. presentó su solicitud, en Emvicesa alegaron “siempre verbalmente”, comenta el afectado, que “ya contaba con otra vivienda de protección oficial”.
“Yo nunca he negado que tuviera otra vivienda, la tuve en su día, en 1993, durante mi anterior matrimonio, pero la sentencia de 1997 deja claro que la casa se la quedaron mi ex mujer y mis dos hijos”, aclara, a la vez que vuelve a leer las palabras de dicha sentencia “se atribuye en uso y disfrute a la esposa y a los dos hijos menores habidos del matrimonio, una vez que el marido haya retirado sus objetos y enseres personales”.
A.A.B. considera injusto que una vivienda que en su día disfrutó, se haya convertido ahora en el inconveniente para poder acceder a una vida digna junto a su actual esposa y sus dos hijos pequeños, la menor de pocos meses de edad. “Vivo en una casa que carece de las mínimas condiciones de habitabilidad, que carece de los metros suficientes, sólo 22,5 metros cuadrados y reconocidos por un arquitecto”.
A.A.B. malvive en estas condiciones donde ni siquiera cuenta con cédula de habitabilidad, por lo que “no puede recibir ningún tipo de ayuda por alojamiento alternativo”. La humedad afecta a la totalidad de la vivienda y la escasez de espacio llega incluso a hacer peligrar su integridad física, “la cuna de la pequeña está debajo de la tele, ¿qué pasa si cae sobre mi hija?”, se pregunta.
Tras años reclamando una vivienda de protección oficial, el afectado va más allá y considera que se ha “incumplido” el cupo de VPO para discapacitados. “Cuando decían que cumplían la Ley 355/1980, en un 1,80%, realmente ya estaba abolida por otra ley, la de 30 de abril de 1982 que estipulaba el porcentaje en un 3%”.
Actualmente, la nueva ley de 2001 vuelve a derogar las anteriores, estableciendo un nuevo porcentaje en un cupo de un 4% para discapacitados, “a este porcentaje es al que se tienen que ceñir desde Emvicesa para adjudicar el número de viviendas”.
Además, A.A.B. cuenta a su favor con el hecho de ser familia numerosa. Según la ley, apunta, los son aquellos núcleos familiares de cuatro miembros, en los que uno de ellos tiene un grado de discapacidad superior al 65%.
“Sólo me ponen zancadillas”
A.A.B lamenta que su situación no se ha quedado únicamente en Emvicesa. Además del CERMI, su caso también ha llegado a Asuntos Sociales e incluso a Presidencia. “Tanto la consejera Rabea Mohamed como el presidente Vivas tienen constancia de mi caso, pero nadie hace nada por solucionarlo”.
“Discriminado”. Así dice sentirse después de tantos años de lucha por conseguir una vivienda digna,”sólo me ponen zancadillas”, se lamenta, pero no deja de luchar y, sobre todo, de documentarse porque sabe que tiene derecho, como cualquier ciudadano a una vivienda digna, también cuando es discapacitado, tal y como explica el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. “Las personas con discapacidad y, por primera vez, las personas en situación de dependencia, y las familias que tienen a su cargo, están consideradas entre los beneficiarios con derecho a protección preferente en este Plan”. Es el caso de A.A.B. Quizá deberá tener paciencia o esperar que alguien aplique la ley de manera más estricta.
