La huelga con la que el
Colegio de Médicos intenta apretar las tuercas al
Ministerio de Sanidad para, colapsando el
Hospital Universitario, conseguir algunas de sus reivindicaciones como percibir el complemento de exclusividad sin tener que
renunciar a las consultas privadas, no está saliendo muy cara a quienes la han promovido.
El Instituto de Gestión Sanitaria (
Ingesa) ha hecho un seguimiento de más de dos meses y en los 72 días analizados solo en un 25% ha habido algún facultativo que no ha ido a trabajar y, por lo tanto, tampoco ha cobrado esa jornada.
Según las cifras a las que ha tenido acceso este periódico, en el 75% de los casos no ha habido ninguno (28 días de los 72 revisados) o solamente un profesional de
huelga (25).
Alguna vez ha habido dos, unas pocas cuatro y el 8 de junio se alcanzó el récord absoluto de médicos secundando el paro con 17, ligeramente por encima del 10% del total. Ese día se convocó “un paro masivo” coincidiendo con el primer trimestre de movilizaciones.
En todos los casos los que se han puesto de huelga de manera efectiva han sido facultativos de Atención Especializada, ya que en Atención Primaria ningún día se ha puesto ningún médico de huelga durante el periodo escrutado, que va del 1 de gunio a mediados de octubre.
La administración también ha revisado el número de atenciones y operaciones afectadas por la huelga, que muestra la paradoja de que hay días en los que se anotan alteraciones de la actividad normal sin que hubiera ningún médico de huelga.
En este caso el 8 de marzo también fue, evidentemente, el día con más problemas, que se vieron directamente perjudicados por la huelga 146 pacientes de consultas y siete operaciones.
La Dirección Territorial del Ingesa se ha negado a concretar cuáles son los servicios mínimos establecidos para lo que el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico es “el conflicto sanitario más duradero de la historia nacional”.
El derecho constitucional “a la huelga de los trabajadores” está sometido según la jurisprudencia a las “garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”, esencialidad propia de la actividad sanitario-asistencial, pero el departamento que dirige Jesús Lopera ha evitado precisar en qué términos se ha fijado en la ciudad y si quienes está cumpliendo esa obligación deben atender a todas las citas programadas o solamente aquellas que consideren urgentes o no demorables.
El Gobierno central tiene una programación trimestral de Mesas Sectoriales. Hay ocho grupos de trabajo para el estudio e implementación de acciones “que están teniendo resultados en avances concretos para la mejora de las condiciones laborales en el Ingesa, poniendo siempre el foco, en su repercusión en la calidad asistencial de la Sanidad Pública”, no solo en las condiciones salariales y laborales de algunos colectivos.