Tráfico acepta la sugerencia del Defensor del Pueblo por posible sobreseimiento de las sanciones impuestas por la Policía Local
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aceptado la sugerencia que le ha cursado el Defensor del Pueblo para “retrotraer las actuaciones” en los expedientes sancionadores incoados al propietario de un vehículo que la Policía Local multó en varias ocasiones al permanecer estacionado en la avenida Reyes Católicos sin seguro obligatorio y en aparente estado de abandono, sanciones que nunca se comunicaron personalmente y que llegaron a sumar 5.000 euros. La DGT también valorará la “existencia de identidad de infracciones” y “la terminación por sobreseimiento de los que hubieran procedido”.
En el escrito de referencia recibido por el Defensor del Pueblo se explica que la Policía Local de Ceuta tiene acceso a la información contenida en el Registro de Vehículos, que incluye el dato de aseguramiento de vehículos, y que las denuncias por carecer del mismo se formularon estando el automóvil en cuestión “estacionado en el mismo lugar, avenida de los Reyes Católicos”. De las cinco formuladas, tres lo fueron por el mismo agente los días 19 de diciembre de 2013 y 15 y 20 de enero de 2014. En la tercera, del día 11 de enero de 2014, se anotó ‘vehículo estacionado con signos de abandono’.
La ley exige el depósito o precinto de los vehículos sin seguro obligatorio
A pesar de que esas actuaciones, no se procedió a llevar a cabo las previsiones establecidas en el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, que establece que el incumplimiento de la obligación de asegurarse determinará “el depósito o precinto público o domiciliario del vehículo, con cargo a su propietario, mientras no sea concertado el seguro”.
A juicio del Defensor del Pueblo “parece claro que el interesado, al que no se le notificó en mano dichas denuncias al encontrarse ausente, no tuvo conocimiento de ellas hasta que se inició el cobro de las sanciones por la vía ejecutiva, lo que conllevó que, a partir de año 2015, se le detrajera parte de su sueldo para hacer frente a las sanciones”.
Según el afectado, la cantidad total supera los 5.000 euros de los cuales ha abonado hasta el momento unos 1.500.
“La falta de conocimiento de que se habían formulado dichas denuncias pudo ser el motivo por el que el interesado no efectuara las correspondientes alegaciones, lo que hubiera motivado la terminación por sobreseimiento de los expedientes sancionadores”, advierte la sugerencia del Defensor estimada por Tráfico.
