La titular del
Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha rechazado la petición para llamar a declarar como testigo a la exdirectora de Gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno central formulada por una de las acusaciones populares personadas en el
procedimiento abierto por la deportación al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería en
agosto de 2021 de 55
menores migrantes marroquíes solos.
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado pretendía que Isabel Valldecabres, ahora presidenta-directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y entonces asesora de Carmen Calvo, fue uno de los principales interlocutores de la exvicepresidenta del Ejecutivo local,
Mabel Deu, procesada como
Salvadora Mateos por un
presunto delito de prevaricación continuada, durante la preparación de la operación que terminó con la expulsión de niños durante cuatro días hasta que la Justicia ordenó su paralización.
Después de leer las transcripciones aportadas por Deu de sus conversaciones con distintos altos cargos de los ministerios de Interior, Derechos Sociales, Asuntos Exteriores y la Vicepresidencia Primera, la Red solicitó que fuese llamada a declarar como testigo Valldecabres.
En su intercambio de mensajes con la entonces consejera de Presidencia de la Ciudad, la jefa de Gabinete de Calvo reconoce que la Fiscalía estaba “poniendo problemas” a la devolución exprés de menores que se barajaba y reconoce que “hemos de inventarnos el procedimiento”.
Doblegar a la Fiscalía
“Si solicitáis la devolución ya podemos doblarle la mano a Fiscalía”, llegó a instar Valldecabres, que advirtió a la representante del Ejecutivo local que “lo que en modo alguno vemos aquí es un envío de menores a la península porque eso quita presión a
Marruecos y entra en confrontación con la línea de política internacional que llevamos desde el Gobierno de España y el Parlamento europeo”.
La misma acusación popular ya había pedido que se llamase a declarar a Valldecabres, como al ministro del Interior y al secretario de Estado de Seguridad, para aclarar las “gestiones diplomáticas o administrativas” que hizo el Ejecutivo de la Nación para facilitar la expulsión, pero la magistrada sigue considerando que, aunque las hubiese, “no empecen ni sustituyen” a los trámites previstos en el Reglamento de la Ley de Extranjería que se saltaron Deu y Mateos, por lo que la Fiscalía pide para ellas 12 años de inhabilitación para cargo público y la pérdida de “los honores asociados” al ejercicio de las responsabilidades que han desempeñado.