La auténtica espiral de violencia que se desató en Ceuta tras la muerte de Ibrahim Bufelham a los 16 años se tradujo en un alocado reguero de disparos que llevó a un refuerzo de la Policía Nacional, cuya Jefatura no podía permitir verse apabullada por los enfrentamientos entre bandas. Las distintas incursiones en las barriadas, amparadas por esa crítica social y vecinal harta de la tranquilidad quebrada a golpe de disparo, se tradujeron en varias detenciones. Los presuntos implicados en disparos diferentes, que dieron a pie a varios procedimientos judiciales que en su mayoría siguen protegidos por el secreto de sumario, fueron llevados ante la autoridad judicial. Hoy, once de ellos cumplen prisión preventiva a la espera de juicio. Algunos, por disparos en una cafetería ubicada en el zoco -el último de los casos conocidos- y otros, por hacer lo mismo contra viviendas y demás propiedades particulares ubicadas en la barriada del Príncipe Alfonso.
Los presos preventivos son por causas distintas aunque todas por disparos
Esa conocida y mediática respuesta policial ha derivado en otra de Instituciones Penitenciarias que tiene por objetivo evitar que los enfrentamientos externos entre miembros de distintas bandas se lleven al interior de la cárcel de Mendizábal. Seis de los once presos preventivos están ya en centros penitenciarios de la Península, mientras que para el resto se esperan traslados inminentes. Desde un principio se aplicaron limitaciones regimentales precisamente para salvaguardar su propia integridad. Y es que, la manifiesta incompatibilidad entre los primeros detenidos y los últimos, cuyas rencillas en la calle eran más que evidentes, llevó a blindar de alguna manera su permanencia en este centro privativo de libertad, aplicando de inmediato los recursos necesarios para no permanecer en las mismas zonas cumpliendo prisión.
Ese objetivo de evitar incidentes dentro de la cárcel ha sido uno de los principales motivos, junto el de la necesidad de garantizar el buen orden regimental de la cárcel así como la convivencia, para organizar los traslados de todos ellos a la Península.
Garantizar el orden en la cárcel y la convivencia, clave para los traslados
Los restantes que quedan aún en Ceuta seguirán el mismo camino que los ya desplazados.
Mientras tanto, la Policía Nacional sigue con sus investigaciones activadas, alejada del ruido social e incluso mediático que ha rodeado el brutal crimen de Ibrahim. La necesidad de cerrar la historia, con muchas aristas y mentiras interesadas para desviar la atención del origen del crimen, lleva a un trabajo permanente de los grupos de investigación para hacer justicia en torno a un asunto considerado “prioritario” por la propia Policía y la Delegación del Gobierno en nuestra ciudad.
Ibrahim tenía 16 años cuando un disparo en la cabeza terminó con su vida. La atropellada cadena de versiones no salió nunca de la propia Policía, que calla y se ciñe a esperar que se conozcan los resultados oficiales sin entrar a valorar lo que se dice, se publica o se pretende dar como versión cierta de todo lo ocurrido la noche del pasado Viernes Santo en el Puente del Quemadero.
