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“Me despidieron por estar embarazada”: testimonio tras un año de lucha legal

La denuncia de una ceutí reaviva el debate sobre la protección real de las trabajadoras embarazadas en el ámbito laboral

Después de casi un año de incertidumbre y lucha legal, una trabajadora de Ceuta que denunció haber sido despedida por estar embarazada alcanzó un acuerdo extrajudicial con la empresa involucrada. Según relató a este medio, la compañía justificó la rescisión del contrato alegando bajo rendimiento y falta de compromiso, razones que ella asegura haber podido desmentir con pruebas.

El caso, que evidencia una vez más la persistencia de la discriminación laboral hacia mujeres embarazadas, fue resuelto sin llegar a juicio gracias a un acuerdo entre ambas partes. La afectada decidió contar su historia públicamente para alertar a otras trabajadoras que puedan atravesar situaciones similares y para dar visibilidad a una problemática que continúa vigente en muchos entornos laborales.

“Es importante que se visibilice este tipo de casos para que ninguna mujer tenga que pasar por esto sola”, afirmó.

Fue despedida meses después de ser contratada

La mujer comenzó a trabajar en diciembre de 2023 y fue despedida en julio de 2024, apenas dos días después de entregar un parte médico de urgencias relacionado con su embarazo. “Me despidieron el 15 de julio, solo dos días después de informar de mi estado. Yo ya tenía asignado el horario completo de julio y también el de agosto”, explicó.

Según su relato, los motivos que la empresa alegó para justificar el despido eran falsos. “Tenía pruebas con audios de mi encargado para demostrarlo. Denuncié porque sabía que me habían despedido por estar embarazada y quería llegar hasta el final. Estaba decidida a ir a juicio porque sabía que podía ganar”.

Un acuerdo extrajudicial

Aunque inicialmente estaba dispuesta a continuar con el proceso judicial, finalmente aceptó un acuerdo. A pesar de ello, insiste en que su testimonio debe ser escuchado, aunque no pueda revelar el nombre de la empresa.

Este caso reabre el debate sobre la protección efectiva de los derechos laborales de las mujeres embarazadas y la necesidad de reforzar las políticas contra la discriminación por razón de género en el entorno laboral.

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