En pleno traslado de menores extranjeros no acompañados desde Ceuta a la Península, la Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Tarragona una red de familias extranjeras que hacían pasar a sus hijos por MENA para que el Estado asumiera su tutela.
La operación del Cuerpo Nacional se ha saldado con 30 detenidos y 22 menores devueltos a sus padres.
Según la Policía Nacional, este fraude ha supuesto más de 1,58 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social.
La investigación, iniciada en noviembre de 2023, reveló familias extranjeras que traían a sus hijos a España con visados de turismo tipo C, de una o múltiples entradas, para posteriormente abandonarlos de forma deliberada cerca de comisarías, centros de menores u organismos públicos.
Los menores, siguiendo instrucciones de sus progenitores, se declaraban en situación de desamparo con el objetivo de activar el sistema de tutela estatal.
El propósito, según la investigación, era que las instituciones públicas asumieran los gastos de manutención, educación y asistencia sanitaria de los menores y facilitaran una futura reunificación familiar y la obtención de permisos de residencia.
La Policía Nacional ha identificado dos perfiles de familias implicadas: por un lado, progenitores con nivel adquisitivo medio-alto y varios visados Schengen, que regresaban a su país tras dejar a los menores, aunque mantenían visitas periódicas; y, por otro, familias con menos recursos económicos que permanecían en España y mantenían contacto telefónico con los hijos.
El coste del mantenimiento de estos supuestos menores, incluidos algunos mayores de 18 años, puede oscilar entre 31 y 140 euros diarios, según datos policiales.
La operación se ha desarrollado en colaboración con la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia de Tarragona, que remitió a la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) informes de posibles casos irregulares.
Hasta el momento, han detectado 124 expedientes de menores en centros de protección de la provincia que podrían estar vinculados a este tipo de fraude. De ellos, 109 han sido analizados y se han tramitado 28 atestados.
Los padres detenidos están acusados de abandono de menores, favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la administración pública.
Además, la Policía Nacional, que no ha facilitado las nacionalidades de los implicados, continúa cuantificando los gastos derivados de la tutela para incorporarlos al atestado final.
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