La diputada de MDyC, Nadia Mohamed, ha llevado a la sesión de control al Gobierno de Ceuta la situación de los vecinos que residen al lado del local social del Sarchal, ante la existencia de un decreto de derribo del local social, lo que afectaría a las viviendas adosadas.
La formación localista quiere conocer qué medidas tiene previstas la Consejería de Servicios Sociales para atender a las familias afectadas, así como dónde serán reubicadas y en qué condiciones se llevará a cabo el proceso de desalojo.
Se trata de las viviendas adosadas al entorno del Fortín del Quemadero. Esas son las que se verán afectadas por la demolición del local social.
El pasado mes de febrero, la Consejería de Urbanismo y Transporte de Ceuta emitió un decreto en el que se declaraba la emergencia para esa demolición, estableciendo además como medida cautelar el desalojo de los residentes de las viviendas que pudieran verse afectadas.
“Los vecinos no saben qué va a pasar con ellos. Esas viviendas llevan con una declaración de ruina inminente desde 2001. No sabemos si esos vecinos pueden esperar”, ha denunciado Mohamed, quien ha hecho mención al paso del tiempo sin que se haya intervenido con ese local.
El consejero Rafael Martínez Peñalver ha insistido en que se debe derribar ese local social porque está en riesgo, en una zona afectada por un BIC, lo que hace que no haya sido tan rápida la ejecución de la medida. Las últimas borrascas han empujado esa ruina.
Ya se ha demolido una pasarela de acceso y ahora se llevará a cabo el derribo del local. Esto afecta a 4 viviendas y el desalojo es “temporal”, incluso en casos “puede ser un desalojo de horas o días”, ha querido dejar claro el consejero.
¿Dónde se les acogería? Eso se ha planificado ya. “Serán, y si los hubiera, desalojos temporales. Se les preguntará si ellos tienen posibilidad de ser alojados con familiares o en otras viviendas que tengan. Si no, se les acogerá”.
A las familias afectadas “se les ha notificado por escrito para informarles”. “Se les ha ido informando adecuadamente. Quizá si a alguien no se le ha informado es porque su vivienda no se va a ver afectada y puede seguir haciendo su vida normal”.
La planificación de los trabajos, lo que es la ejecución de la obra, estima que duren dos meses. “Había amianto, estamos pendientes de la autorización de la Inspección de Trabajo” para intervenir.
La diputada Nadia Mohamed ha insistido en que se lleva tiempo sin intervenir, enviando cartas a familias y sin dejar claro, ahora, si las viviendas seguirán estando en condiciones tras el derribo llevado a cabo.
Martínez Peñalver ha insistido en que las personas podrán volver a sus casas con normalidad. Todo ello al margen de que, con la aplicación del PERI, se tenga que intervenir en algunas viviendas.
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