El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han aprobado el reparto de 15 millones de euros del
fondo destinado a la atención de
menores migrantes para Canarias, Ceuta y Melilla. El acuerdo se ha adoptado durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se ha celebrado este miércoles en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Una reunión en la que la Vicepresidencia Primera de la Ciudad, a través de su director general, León Bendayán, ha participado en la mañana de este miércoles. Se trata del reparto del primer tramo del fondo de 35 millones de euros destinado a la atención de los menores migrantes que llegan solos a España. En concreto, se van a destinar 6 millones de euros a Canarias, 4,5 millones a
Melilla y otros 4,5 a Ceuta. En la sesión, en la que también ha intervenido la vicepresidenta primera y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, la Ciudad ha trasladado su "compromiso y voluntad de colaborar en la emergencia humanitaria" generada por el conflicto bélico en Ucrania. Sobre la situación de Ceuta casi un año después de la crisis fronteriza, Deu ha puesto de manifiesto la importancia de la propuesta de acuerdo del primer reparto de crédito para la atención de menores migrantes no acompañados, así como el modelo de acogida y traslados de estos. La Ciudad ha respaldado este planteamiento con el que se prevé que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 destine 35 millones a las autonomías para la atención de estos menores.
De esa cifra, 15 millones estarán dedicados a las ciudades autónomas y la comunidad de Canarias (4,5 en el caso concreto de Ceuta), mientras que en el resto de la partida se seguirán criterios de reparto en base a modelos de traslado y acogida. Sobre el modelo de reparto, la Ciudad ha mostrado su disposición a participar "activamente" en el grupo de trabajo para el diseño del mismo. Por otro lado, la ministra Ione Belarra, acompañada por su equipo, ha agradecido el esfuerzo que Ceuta ha llevado a cabo para afrontar la emergencia provocada por la entrada masiva de los pasados días 17 y 18 de mayo.
Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil Europea
Además, en la Conferencia Sectorial, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha presentado el Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil Europea a las comunidades autónomas para que formulen sus aportaciones antes de remitirlo a la Comisión Europea, que tiene previsto aprobarlo la próxima semana. El plan recoge las medidas que hay que implantar en España hasta 2030 para reducir la pobreza infantil: 2,6 millones de niños están en riesgo de pobreza o exclusión social. El objetivo del programa europeo es garantizar que todos los menores, especialmente los más vulnerables, tengan un acceso efectivo y gratuito a servicios básicos como la educación y cuidado infantil, al menos una comida saludable por día, asistencia sanitaria y vivienda. La Garantía Infantil Europea está financiada principalmente por el Fondo Social Europeo Plus y compromete a los estados a dedicar el 5 por ciento de la cantidad recibida. Respecto a su financiación, Belarra ha propuesto elevar ese porcentaje al 7 u 8 por ciento y ha reclamado a las comunidades más ambición y un esfuerzo adicional para combatir la pobreza infantil que afecta a 2,6 millones de niños en España. Durante su intervención, la ministra ha asegurado que no se habrá terminado la desigualdad mientras haya niños "que no tienen acceso a una alimentación saludable, si la brecha digital sigue golpeando a los estudiantes más pobres o si persiste la preocupación de los padres o madres por no pagar el alquiler y eso no les deja concentrarse en sus deberes".
Antes de la covid, España ya era el tercer país de la UE con mayores tasas de pobreza infantil
Antes de la covid, España ya era el tercer país de la UE con mayores tasas de pobreza infantil (un 27,4 %), solo por detrás de Rumanía y Bulgaria, pero algunos indicadores como el de carencia material severa "muestran que se han incrementado las desigualdades y deteriorado la situación de los colectivos más vulnerables", expone el documento. El diagnóstico de la situación de la infancia indica que los niños con discapacidad, los pertenecientes a la minoría gitana o los de origen migrante, son los que se enfrentan a mayores dificultades. Entre las medidas a implantar por distintos ministerios y por comunidades autónomas están la de garantizar la salud mental en los sistemas de atención primaria, los servicios de atención bucodental o la atención óptica o reducir el coste de medicamentos o de tratamientos esenciales para el desarrollo de la infancia.