En el debate actual sobre el derecho a la vivienda, se omite constantemente a los verdaderos damnificados del colapso de 2012: los más de dos millones y medio de autónomos y pequeños constructores que impulsábamos el parque residencial de este país de la mano del tejido de cajas de ahorros y banca local.
A finales de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy y su ministro de Economía, Luis de Guindos, dieron luz verde a la creación de la Sareb. Aquel decreto no solo supuso un rescate bancario sufragado con el bolsillo de los contribuyentes; supuso la aniquilación sistemática del pequeño promotor y del autónomo. Se nos despojó de nuestro patrimonio para empaquetarlo y entregarlo en bandeja de plata a grandes fondos e instituciones financieras.
¿Dónde está hoy todo ese activo, suelo y vivienda recuperado con dinero público? La Sareb se concibió para gestionar esos activos durante trece años, con la premisa de devolver lo restante a sus entidades originarias. Hoy vemos cómo gran parte de esa estructura ha acabado concentrada en manos de los mayores tenedores del país.
Cuando la vivienda estaba en manos de pequeños propietarios y autónomos, las relaciones con los inquilinos eran humanas y sostenibles. El contrato se prorrogaba de forma natural y la prioridad del pequeño arrendador no era la especulación, sino la certidumbre: cobrar antes del día cinco de cada mes para poder responder a sus propios compromisos.
El modelo actual, alimentado por normativas y decretos de vulnerabilidad mal concebidos, ha desprotegido por completo al propietario individual. Casos en los que perfiles sin una vulnerabilidad real se aprovechan de un sistema supuestamente garantista para pagar rentas ridículas de por vida no hacen más que dinamitar la oferta. Sin seguridad jurídica para los pequeños arrendadores y sin agilidad para recuperar el inmueble frente al impago, el mercado se asfixia.
No faltaba vivienda cuando éramos los autónomos quienes la construíamos. Se nos expulsó del mercado para concentrar el suelo en unos pocos, y hoy pagamos todos las consecuencias. Si realmente se quiere garantizar el acceso a la vivienda, es hora de mirar el origen del problema, exigir seguridad jurídica y devolver el protagonismo a quienes construyeron este país desde abajo.
Atentamente,
Hamadi Amar Mohamed
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