No pueden ser tomados como casos aislados porque no lo son. La aparición de delfines que además presentan mutilaciones se ha convertido en un suceso rutinario, en objeto de una crónica que de producirse en cualquier otro lugar obligaría a una intervención de urgencia.
Dejar esto en manos de la crispación pública mostrada por asociaciones sin que dé pie a una investigación exhaustiva para dar con la autoría de este auténtico desastre es, no solo una actitud cobarde, sino, también, el mayor atentado que se puede hacer hacia la obligación que tenemos de protección de estas especies.
El caso ha llegado al Gobierno central que, me temo, ofrecerá una respuesta de estas que parecen sacadas del cajón para decir que es algo que les preocupa, les ocupa y que asumirán las indagaciones oportunas.
Lo de siempre, echar un capote sobre un asunto que, por repetido, debería provocar vergüenza y dar pie a una investigación que llegue hasta los límites debidos. Pero no es así. Las valoraciones políticas son escasas, nada firmes, llegan tarde y dan vueltas sin arrojar las conclusiones debidas y obligadas.
Las imágenes de delfines con heridas provocadas por cortes son constantes, pero esas escenas quedan solo para pasar página, conmover a unos pocos y seguir.
No se puede permitir que las costas de Ceuta sean el cementerio de una masacre de delfines sin que importe.
