La
Delegación del Gobierno ha ordenado a todo el personal que depende de la institución de la Plaza de los Reyes volver a trabajar presencialmente mañana sin excepción y con la única alternativa de solicitar vacaciones pese al acuerdo alcanzado a nivel nacional para los empleados de la Administración General del Estado, que contempla hasta cuatro días semanales de teletrabajo en función de las circunstancias personales de cada quien.
Interpelada sobre las razones de tal toma de posición, la Delegación ni siquiera ha contestado.
Trabajadores dependientes de la misma han explicado que, aún teniendo personas mayores “absolutamente dependientes” e hijos menores de 14 años a su cargo, la institución ha comunicado que “todo el mundo” debe estar en sus puestos mañana.
“Con esto incumplen la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, todas las instrucciones dadas por el Gobierno de España para la desescalada de la emergencia sanitaria y la última resolución del Secretario de Estado con motivo de la nueva normalidad... Y lo peor”, han criticado, “es que lo hacen conscientemente y con el argumento del ‘ordeno y mando”.
Las justificaciones alegadas apuntan a que “la resolución es muy reciente que no hemos tenido tiempo de estudiarla” y a que “todavía no hemos elaborado un modelo de solicitud”.
Cuatro días de teletrabajo para la Administración del Estado
El Gobierno central y algunos sindicatos, entre ellos UGT, primer sindicato en número de representantes de la Administración General del Estado (AGE),
han llegado esta semana a un acuerdo para que los funcionarios con hijos puedan teletrabajar hasta cuatro días a la semana desde mañana hasta que finalice la crisis de la COVID-19. Las personas que no cumplan las características solo podrán teletrabajar un día. Los colectivos que podrán atenerse al teletrabajo hasta cuatro días semanales son las personas con patologías previas o vulnerables al coronavirus, aquellas con hijos menores de 14 años y quienes tengan a su cargo el cuidado de personas dependientes o con algún tipo de discapacidad. Se incluyen los trabajadores de diversos ministerios, de la Policía, de la DGT o de la Seguridad Social, pero no a los funcionarios de las Autonomías.