Delegación del Gobierno modifica y amplia la acreditación de las situaciones de violencia de género

La Delegación de Gobierno para la Violencia de Género ha actualizado partes de sus contenidos en pro de una mayor eficacia para erradicar este problema social.
Una de las cosas que se ha ampliado y actualizado ha sido la definición sobre qué es violencia de género y cuáles son sus víctimas.
Con carácter general, toda violencia de género es aquella que se acredita mediante sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.

Tras la reforma introducida en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, también pueden acreditarse la situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.

Por su parte, dentro de su actualización y ampliación periódica de la información en torno a la violencia de género, se aprobó elaborar un modelo común para todas las administraciones autonómicas, para que a partir de ahora se acredite la violencia de género de forma homogénea y no haya diferencias en función del territorio.
Además, otra de las medidas que ha aprobado la Delegación del Gobierno ha sido la actualización de la Guía de Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género en la que se detallan los derechos reconocidos a éstas por la normativa vigente (asistencia social integral, ámbito laboral y de Seguridad Social, económicos, asistencia jurídica gratuita, etc.).
La Guía de Derechos también incluye novedades relacionadas con los derechos de las trabajadoras públicas víctimas de violencia de género tras la aprobación por la Conferencia Sectorial de Administración Pública, del acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género.
En el estudio publicado por la Delegación del Gobierno se indica que las mujeres víctimas de violencia de género tardar en torno a una media de ocho años y ocho meses en verbalizar su situación, ya sea solicitando apoyo y asesoramiento en un servicio especializado.