Los últimos estudios han sido los determinantes. Lo que no va a hacer el presidente Vivas a estas alturas es poner en peligro una serie de puestos de trabajo como son los 150 que existen en las Brigadas Verdes si al final hubiera salido adelante la posibilidad de una licitación para que una empresa privada se hiciera cargo de cumplir los objetivos que existen en el convenio entre la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y la Ciudad Autónoma. Se debe tener en cuenta que también hay varias decenas de estos trabajadores que están por encima de los 60 años y que en cualquier privatización sucedería que irían directamente al paro.
Durante todo este verano se vino hablando de los informes técnicos que recomendaban a la Ciudad Autónoma de externalizar estos servicios para que existiera una mayor claridad en la gestión, después de la polémica que existen entre los dos sectores de la FPAV por este tema en concreto y algunas acciones que se han tomado con los fondos de las mismas Brigadas Verdes. Pero ante esa posible indefensión de los trabajadores se volvieron a pedir nuevos informes y éstos han sido determinantes: no existiría obligación de una empresa privada de asumir a estos 150 empleados. A partir de ahí, la Ciudad ha decidido aparcar definitivamente esta licitación en el cajón de los olvidos.