La última revisión del Tribunal de Cuentas (TCu) sobre la manera que tiene de gestionar sus procedimientos de contratación la Ciudad Autónoma ha vuelto a saldarse con requerimientos del órgano fiscalizador a la administración local que no por repetidos se han satisfecho todavía.
Entre las críticas se cuenta que no se ha mejorado con “las medidas necesarias para el adecuado cumplimiento de la obligación de remisión y documentación”, que tampoco se ha avanzado con las fases de planificación previas para evitar urgencias y atropellos, que el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas no suele ser lo bastante preciso, que la supervisión de las ejecuciones es deficiente...
Desde el Negociado de Contratación se ha alegado que en algunos casos “los plazos dados para contestar a los distintos reparos expuestos resultan demasiado cortos” o que se han dado instrucciones a las distintas consejerías para avanzar en la implementación de las recomendaciones recibidas.
Los técnicos de la Ciudad han intentado rebatir las críticas recibidas, pero en algunos casos han acabado asumiendo que “no se encuentra explicación” incluso a cambios de porcentaje en los criterios de adjudicación de un contrato.
La complejidad que ha introducido la nueva legislación en los procedimientos administrativos de este tipo no puede ser una excusa válida para que la Ciudad suela llegar tarde a la adjudicación de obras y servicios o que el control y fiscalización de su ejecución tampoco sea tan estricta como debe.
La RPT debe servir, si es un problema de personal, para subsanar las deficiencias existentes, que no pueden perpetuarse indefinidamente en el tiempo.
