El Defensor del Pueblo recibió el pasado año 68 quejas de Ceuta, algo más de las 43 que se registraron en 2024. La mayoría tienen que ver con el ámbito de la política social y es ahí donde se incluye el grave problema registrado en el Imserso.
Así, tal y como se recoge en el informe correspondiente a 2025 dado a conocer este martes, ya en anteriores anualidades el Defensor dio cuenta del elevado número de quejas recibidas por su relación con los retrasos en los procedimientos de reconocimiento y revisión del grado de discapacidad, lo que pone de manifiesto que se está ante un problema de dimensión “estructural y ampliamente extendido en el conjunto del territorio”.
En lo que respecta a las ciudades de Ceuta y Melilla, el Imserso indicó que, debido a la falta de personal, se había optado por contratar empresas externas y poner a disposición un profesional médico titular del propio organismo que realizaría valoraciones telemáticas, con el objetivo de descongestionar la situación de demora en la tramitación de los expedientes.
“El reconocimiento o la revisión del grado de discapacidad constituye un elemento clave en el sistema de protección social de las personas con discapacidad, en la medida en que determina el acceso a un amplio abanico de prestaciones y beneficios públicos, que responde al mandato de protección reforzada que el artículo 49 de la Constitución impone a los poderes públicos”, expone el Defensor.
La obtención de un grado de discapacidad igual o superior al 33% permite a las personas afectadas acceder a estas medidas de apoyo, “lo que pone de relieve la trascendencia de los procedimientos de valoración tanto en su fase inicial como en la de revisión del grado”, puntualiza la institución.
Un problema arrastrado desde 2019
Recuerda el Defensor, que esta situación, reiteradamente puesta de manifiesto a través de las quejas tramitadas desde al menos 2019, llevó a iniciar una actuación de carácter general con las consejerías autonómicas competentes, así como con el Imserso, en relación con las ciudades autónomas.
Todo ello con la finalidad de conocer el alcance real del problema y, de una manera especial, las medidas concretas que las administraciones responsables estaban adoptando para corregir los retrasos y garantizar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos.
A partir de las respuestas recibidas en el marco de dicha actuación, el Defensor del Pueblo formuló hasta diez recomendaciones dirigidas a las consejerías competentes y al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).
Para Ceuta y Melilla, el Imserso indicó que se estaba tramitando el correspondiente proyecto de Orden con las normas para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre.
Atención telemática y problemas de indefensión
Para las dos ciudades, el profesional médico puesto a disposición desde el Imserso efectúa su labor telemáticamente desde los servicios centrales en Madrid.
Este hecho ha dado lugar a un incremento del número de reclamaciones, en las que los afectados alegan indefensión.
Ceuta ha señalado que se expide un certificado de demora, cuestión que no se señala expresamente en el caso de Melilla, aun dependiendo del mismo organismo.
La situación del CETI y problemas de convivencia
Además de los problemas derivados de la gestión del Imserso, el Defensor recoge en su informe de 2025 la situación de bloqueo en el CETI.
“Un año más, una de las cuestiones que más quejas provocan se refiere a las medidas adoptadas como sanciones a las personas residentes por incumplimiento de las normas de convivencia”.
En su respuesta, la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional reconoció que tales medidas no pueden implicar la reducción o la retirada de las condiciones materiales de acogida, previstas en el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de Protección Internacional.
Por ello, la Administración indicaba que, en el caso de que la medida provisional implique necesariamente la imposibilidad material de permanencia en el centro, se contemplara la derivación a otro centro, sin modificar la cobertura de las necesidades básicas de la persona afectada.
Que convoquen las vacantes en el BOE y que sea adjudicada la plaza al Funcionario de la AGE que mejor preparado este por méritos, experiencia y antigüedad.
Una ley que eliminé las designaciones a dedo por los partidos políticos.
Este Sr Defensor del Pueblo me parece bien pero por lo demás nada porque no quita el IVA y baja los impuestos
Los problemas que generan los del CETI...no?