El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha recomendado a la Dirección General de la Policía (DGP) que evite la expulsión de personas extranjeras que se encuentren inmersas en el actual proceso de regularización extraordinaria de su situación administrativa en España. Una situación en la que se encuentran muchas personas en Ceuta.
La institución considera que, durante el período de vigencia de este procedimiento, iniciado el 16 de abril y con finalización prevista para el próximo 30 de junio, no deberían dictarse órdenes de expulsión contra ciudadanos extranjeros sin antecedentes penales cuando la medida se base exclusivamente en su situación de estancia irregular.
Según la recomendación trasladada a la DGP, el objetivo es evitar que personas que están tratando de acceder a la regularización administrativa puedan verse afectadas por procedimientos de expulsión antes de que las autoridades resuelvan sus solicitudes.
El Defensor del Pueblo también ha solicitado que, cuando una persona extranjera afirme haber presentado una solicitud de autorización de residencia por arraigo extraordinario y aporte el correspondiente justificante, las autoridades verifiquen previamente la documentación antes de iniciar cualquier procedimiento de expulsión.
En este sentido, la institución entiende que la ejecución de una eventual orden de expulsión debería quedar suspendida o demorada hasta que exista un pronunciamiento definitivo sobre la petición de regularización presentada por la persona afectada.
La recomendación persigue reforzar las garantías administrativas de quienes han iniciado los trámites para regularizar su situación y evitar actuaciones que puedan resultar contradictorias con dicho procedimiento.
La actuación del Defensor del Pueblo se produce tras la recepción de diversas quejas de personas extranjeras que, pese a haber solicitado su regularización, fueron posteriormente detenidas o informadas de la inminente ejecución de una orden de expulsión.
Según explica la institución, se trata en la mayoría de los casos de ciudadanos que llevan años residiendo en España y que han acreditado la existencia de vínculos sociales, laborales o familiares en el país.
Por ello, el Defensor del Pueblo sostiene que, siempre que estas personas carezcan de antecedentes penales y no supongan una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública, las autoridades deberían evitar su expulsión mientras se resuelve su proceso de regularización.
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