La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha aceptado la solicitud planteada por la Abogacía del Estado en nombre de la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, para suspender por motivos de salud la declaración programada para este miércoles en la que estaba citada como investigada por un presunto delito de prevaricación en la devolución en agosto del año pasado de 55 niños marroquíes solos al país vecino por un procedimiento al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería.
Fuentes judiciales han confirmado que la magistrada que instruye las diligencias penales abiertas a instancias de la Fiscalía ha aceptado postergar la declaración.
A las 10.00 horas sí se prevé que declare, en idéntica condición de investigada y por el mismo supuesto delito, la consejera de Presidencia del Gobierno de la Ciudad, Mabel Deu.
El Ministerio Público también ha interesado que sean citados, pero como testigos, el jefe de Gabinete y el secretario general de la Delegación, Juan Hernández e Ismael Kasrou; la jefa de Menores de la Ciudad, Toñi Palomo; el director general de Asuntos Generales de la administración local, Francisco Pérez Hita; la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal; los abogados Patricia Fernández, Paloma García y Rafael Cid; la entonces coordinadora de SAMU en 'Santa Amelia' y el inspector jefe de la Policía Nacional en la frontera en agosto de 2021.
La actuación de Mateos y Deu ya ha sido sancionada por la vía contencioso-administrativa tanto en primera como en segunda instancia, aunque la Delegación y la Ciudad han llevado el asunto hasta el Supremo.
Según el Tribunal Superior de Justicia Andalucía (TSJA), la actuación material de la administración, “exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles, conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados por las medidas de devolución que no desvirtúan los apelantes”.
La Delegación y la Ciudad siempre han defendido su proceder en la existencia de una situación “de emergencia humanitaria” en la ciudad autónoma causada por la entrada irregular de unas 12.000 personas en 72 horas en territorio español y en la existencia de un Acuerdo bilateral entre Madrid y Rabat de 2007 para el “retorno asistido” de menores solos.
Tras conocer la imputación de Deu el presidente del Ejecutivo local, Juan Vivas, ha exonerado en varias ocasiones a su vicepresidenta de cualquier responsabilidad: "Estoy a disposición de la Justicia: todo lo que hizo lo hizo a petición mía, con mi consentimiento y estando yo plenamente informado... La responsabilidad política es mía", advirtió el presidente, que no ha dejado de instir en que sigue creyendo que las devoluciones se hicieron "bien".
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