Hace unos días, leyendo en Ronda la edición digital de este diario, me llamó poderosamente la atención cierto titular del siguiente tenor:”A Ceuta le hace falta una clase política que mire hacia Marruecos sin miedo”. Y sobre todo a España, fue la primera idea que me vino a la cabeza al leer lo anterior.
Después comprobé que se trataba de unas declaraciones de Mohamed Abdeselam Stitu -de cuyas cualidades personales ya había oído hablar hace bastante tiempo, y al que felicito por la concesión de la Medalla de la Autonomía- quien opina que deberíamos abrirnos sin temor a las posibilidades económicas y de inversión del vecino país. Pero he de confesar que el referido titular me puso a cavilar.
Pertenecí durante muchos años a la clase política activa de nuestra ciudad, y puedo asegurar que jamás tuve miedo a Marruecos. Es más, estoy convencido de que quienes hoy ostentan el Gobierno autónomo ceutí tampoco lo tienen. Como igualmente no lo tuvo Aznar. Pero habremos de convenir que se trata de un vecino incómodo y cargante, muy dispuesto a molestar a España, generalmente dando pataditas en las espinillas de los ceutíes y los melillenses, a pesar de las siempre alabadas “buenas relaciones” entre ambos países, las cuales, para serlo de verdad, habrían de comenzar por un mutuo respeto que, desde aquella parte, brilla a veces por su ausencia.
La política del Gobierno presidido por Zapatero se ha basado, desde un principio, en un constante intento de estrechar al máximo esas relaciones, recayendo incluso en algo que quizás no lo sea, pero se parece mucho a la sumisión. Marruecos se deja querer, pero reiteradamente nos incordia con la inmigración, con la droga o con sus exigencias sobre Ceuta y Melilla, a las que llama “ciudades ocupadas”. Que si, hombre, que sí, que están ocupadas, pero por sus legítimos dueños.
A Marruecos no ha de tenérsele miedo, pero tampoco se nos puede pedír, y menos a melillenses y ceutíes de corazón -es decir, casi todos- que le tengamos un gran cariño. Se le mira con desconfianza y prevención, y a fe que hay razones para ello. Irredentismo, consiguientes reclamaciones anexionistas carentes de cualquier base histórica y jurídica, política encaminada al ahogo económico de estas ciudades, negativa cerrada a la aduana comercial, rechazo sistemático a reconocer la nacionalidad española de los musulmanes en ellas afincados, infringiendo así todas las normas del Derecho Internacional... Y en cuanto a inversiones, todavía está en la memoria de muchos connacionales nuestros lo que les sucedió al producirse la denominada “marroquinización” de las empresas allí establecidas. En definitiva, iactuaciones propias de un régimen autoritario, con.la consiguiente inseguridad jurídica.
Zapatero solicitó la intervención de la más alta instancia que tiene la nación, es decir, de S.M. el Rey, para que hablase con Mohamed VI, tratando de rebajar la tensión recientemente creada por Marruecos, pero no parece, al menos de momento, que dicha intervención haya dado los resultados apetecidos. Además, en el instante de trazar estas líneas, aunque anuncian que está comenzando a desperezarse, se ignora qué gestiones lleva o llevará a cabo nuestra diplomacia, cuyo Ministro brilla por su ausencia, algo que, dadas las características del personaje, quizás sea lo mejor. Para colmo, la única actividad conocida del Gobierno central ha consistido en pedir al Presidente melillenser, Imbroda, que se calle. Al final habrá que dar la razón a ciertos compañeros suyos de carrera, los cuales -según se rumorea- llaman humorísticamente a Moratinos el “Moro-atinos” cuando ,“sotto voce”, hablan entre ellos.
Antes he tocado de pasada el problema de la falta de reconocimiento por parte de Marruecos de la nacionalidad española que poseen los musulmanes ceutíes o melillenses, a los que se obliga materialmente a obtener documentación marroquí cuando tratan de casarse en el país vecino, o de realizar alguna operación que haya de ser registrada oficialmente, negando cualquier tipo de validez al D.N.I. Además, y por desgracia, hay algunos que, por su propia voluntad, prefieren tener esa supuesta doble nacionalidad, ilegal a todas luces, al no existir al respecto -ni falta que hace- ningún Convenio o Tratado entre ambas naciones que autorice tal duplicidad. Que se sepa, no se ha producido la menor medida sobre el particular por parte de España, ni cuando un país con el cual mantenemos, oficialmente, “excelentes relaciones”, niega su nacionalidad a ciudadanos españoles en la plenitud de los derechos que la misma les otorga, ni cuando un número indeterminado (aun cuando quisiera creer que escaso) de esos ciudadanos prefiere simultanear, “motu proprio” y con evidente ilegalidad, esa doble documentación..
Lo que hace falta es más firmeza en la defensa de nuestros legítimos intereses. Pero de miedo, nada de nada, aunque solo sea por hacer honor al valor demostrado por las generaciones que, durante casi seis siglos, nos han precedido. .