En agosto, en plena feria, cuando toda la atención mediática se concentra en el recinto ferial y las fiestas a la patrona, el Gobierno de la Ciudad convoca un consejo de administración de ACEMSA para aprobar un reconocimiento extrajudicial de deuda con dos empresas privadas, ascendiendo la cantidad total, a casi un millón de euros. Pura calderilla, vamos. Cuando una administración, efectivamente, por motivos de absoluta urgencia y necesidad, debe acometer cualquier tipo de acción -supongamos una obra cualquiera, por ejemplo- y requiere de inmediatez en la implementación de soluciones -supongamos una tubería rota-, es lógico y asumible que, al margen de cualquier procedimiento administrativo ordinario, prescindiendo de la regulación contenida en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se proceda a contratar de forma directa el servicio en cuestión.
Es lógico y la propia legislación lo permite en aras de esa agilidad que exige y demanda la ciudadanía de la administración. Pero lo que no es lógico, ni es de recibo, es que se abuse de esta figura de forma deliberada y sistemática. Ni tampoco se entiende que la posterior convalidación de esas actuaciones-deudas arroje más sombras que luces.
¿Cómo es posible que estas obras realizadas desde el 2007 no hayan sido ya abonadas, y que por el contrario, otras deudas de similares características en el 2010 ya hayan sido saldadas? ¿Por qué los procedimientos de convalidación de estas deudas han tardado casi seis años en producirse? ¿Qué tipo de empresa es capaz de mantener una deuda por casi un millón de euros sin reclamarla en todo este tiempo a pesar de la crisis que recorre nuestro país?
Estas son cuestiones que ni siquiera el propio Gobierno ha sabio contestar. Quizás porque efectivamente pertenezcan a etapas anteriores, por lo que deberían iniciar un proceso de investigación, o quizás porque simplemente no hay respuesta lógica, y detrás de este asunto se encuentre algo más gordo.
El problema de todo esto es que nos encontramos con un Gobierno que ha convertido lo excepcional en lo normal, es decir, se procede a la contratación masiva de obras, suministros y servicios sin respaldo legal y sin fiscalización previa por parte de los servicios técnicos de la Ciudad, independientemente de que se acredite o no la urgencia de la contratación.
Y se me vienen algunos ejemplos claros como los setenta mil euros que se le abonó a la empresa ISR por la elaboración de un Plan de Gestión Residuos, que ya me dirán ustedes dónde puede estar la urgencia, o las innumerables ocasiones en las que el ICD nos sorprendía con una serie de deudas del tipo “servicio de limpieza” y “monitores” con una serie de empresas privadas. O los seiscientos mil euros que va a reconocer PROCESA el próximo lunes en su consejo de administración. Y la lista es interminable.
Estos ejemplos son la prueba del abuso que hace este Gobierno de este instrumento con la clara intención de saltarse cualquier procedimiento legal establecido y gozar así de absoluta libertad a la hora de contratar, vulnerando de forma flagrante el principio de libre concurrencia. Y el asunto no es nada baladí.
Imaginen el uso generalizado e injustificado del reconocimiento extrajudicial de deuda, nos podríamos encontrar con un Gobierno que contrata a quien le venga en gana, por los importes que les de la gana, y sin los controles de legalidad preceptivos, de tal forma que los principios que regirían la contratación pública estarían al margen de cualquier legalidad y ética, construyéndose una enorme red de contratación basada en las relaciones filiales y de amistad.
Sería una forma elegante y encubierta de corrupción, esa de guante blanco, pero que a pesar de todo, no deja de ser una forma más de engañar y sustraer al ciudadano.
