Cuenta atrás para la jornada de 35 horas de los funcionarios: entrará en vigor en febrero o marzo

El Gobierno de España ha dado un paso decisivo para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios públicos de la Administración General del Estado (AGE), con un calendario que apunta a que la medida podría entrar en vigor entre los meses de febrero y marzo de 2026. Una medida  de la que también se beneficiarían los funcionarios de Ceuta.

La iniciativa llega tras meses de negociaciones con los principales sindicatos del sector y forma parte de un plan más amplio de modernización de la función pública que incluye también la regulación del teletrabajo.

Este cambio supone una rebaja de dos horas y media a la semana respecto a la jornada actual de 37,5 horas, que es la que hasta ahora tenían los empleados de la administración estatal.

La reducción a 35 horas es una reivindicación histórica que estuvo contemplada en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado entre el Ministerio de Función Pública y las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF.

Compromiso sindical y calendario de implantación

La implantación de la nueva jornada de 35 horas requiere modificar la instrucción de jornada y horarios de la AGE, un proceso técnico que se abordará en la Mesa General de Negociación a lo largo de enero.

La aplicación de la medida es “inminente”, aunque aún no se ha fijado una fecha exacta, y podría retrasarse a marzo si no se cierran todos los detalles técnicos.

La medida afecta únicamente al personal de la Administración General del Estado, es decir, ministerios y organismos dependientes del Gobierno central, y no incluye por ahora a las Fuerzas Armadas ni a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Modernización de la función pública

La puesta en marcha de la jornada de 35 horas forma parte de un acuerdo más amplio que también incluye la regulación del teletrabajo, que se abordará con base en el pacto suscrito en abril de 2021 entre el entonces ministro Miquel Iceta y sus homólogos sindicales. Los sindicatos han insistido en que la normativa sobre teletrabajo debe garantizar una aplicación homogénea en toda la Administración.

El ministro de Función Pública, Óscar López, y los representantes de UGT, CSIF y CCOO han mostrado su voluntad de avanzar en estas materias desde la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco, que ya ha empezado a trabajar en la concreción de los distintos grupos de negociación en áreas como igualdad, digitalización e inteligencia artificial, salud laboral y empleo público.

Repercusiones

La reducción de la jornada supone una mejora concreta de las condiciones laborales de los empleados públicos, con potenciales efectos positivos en la conciliación laboral y familiar. La implantación formal requerirá no solo una modificación técnica de instrucciones internas, sino también adaptación en la organización del trabajo de cada departamento.

Pese a ello, la medida ha generado debates en algunos colectivos, como el de la Guardia Civil, cuyos agentes han denunciado sentirse excluidos de esta reducción, calificando la situación como un posible agravio comparativo frente al resto de funcionarios.

Contexto histórico y ámbito autonómico

Aunque la jornada de 35 horas no ha sido común en la administración central, en varias comunidades autónomas y administraciones locales ya se había avanzado previamente en esta dirección. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura o el País Vasco han implantado esta jornada en sus respectivas administraciones públicas en años anteriores, lo que sitúa a la administración estatal en línea con otras administraciones dentro de España.

Con la vista puesta en los próximos meses, el foco estará en cómo se materialicen los acuerdos en las negociaciones de enero y en si la medida podrá implementarse efectivamente antes de marzo, cumpliendo los plazos que han trasladado tanto sindicatos como representantes del Gobierno.