El Gobierno de Ceuta lo tiene preparado pero no ha establecido cuándo deberá poner en marcha su plan B, en el caso que la Administración General del Estado no abone los 7,2 millones de euros pendientes del año pasado en relación con los convenios de producción de agua y del hecho fronterizo. Recordemos que en las cuentas públicas del presente ejercicio se decidió no realizar ninguna rebaja presupuestaria, pero también se indicaron las partidas que no se concretarían en el caso que no se abonara la citada cantidad. Es decir que no se gastarían en los primeros meses del año, esperando noticias desde el Ministerio de Hacienda.
¿Cuándo será la fecha elegida para no hacer el gasto de los 7,2 millones? La verdad es que cuando los Presupuestos de la Ciudad Autónoma se aprobaron, en una primera instancia durante el mes de diciembre y de manera definitiva en el mes de enero, ya establecieron dónde se metería la tijera, pero no pusieron día y hora para esperar el compromiso del Estado a través de la carta enviada por la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos.
El consejero por entonces de Hacienda, Alberto Gaitán, durante la presentación de las cuentas públicas, señaló que también el presupuesto estaba marcado por el escenario “complejo” con un Gobierno de la Nación en funciones en esos momentos y en el que se continuaba con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2018, una circunstancia que no ha sido solucionada.
Todo ello había conducido, según sus propias palabras, a la “grave” circunstancia que se corresponde con las menores transferencias recibidas desde el actual Gobierno de España. Y es que, a pesar de las gestiones realizadas por el Ejecutivo local desde el pasado mes de septiembre, no fue posible formalizar los convenios relativos a las ayudas que esta ciudad recibe para la producción de agua y para gastos extraordinarios ocasionados por los flujos fronterizos que, en total, suman 7,2 millones de euros. Ambas ayudas figuran, como subvenciones nominativas, en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, prorrogados en este ejercicio.
Sobre ese asunto, Gaitán recordó que en el proyecto de Presupuesto de la Ciudad para 2020 se había optado por contemplar en los ingresos del ejercicio y, al mismo tiempo, ante la posibilidad de que, por cualquier causa, las mencionadas ayudas no llegaran a comprometerse, establecer la cautela, de que una serie de gastos, cuya suma es de 7,2 millones de euros, no podrán realizarse hasta tanto no se acredite el compromiso de pago, y ello mediante Real Decreto acordado por el Consejo de Ministros, inclusión de las ayudas en los Presupuestos Generales del Estado para 2020, o cualquier otra forma jurídicamente válida a los fines pretendidos.
Una de ellas era no hacerse cargo de la zona de embolsamiento
La partida más novedosa era la decisión que habían adoptado de suspender el gasto que se estaba realizando en la zona de embolsamiento a partir del uno de abril de este año si durante el primer trimestre no llegaba el dinero desde el Gobierno central. Por supuesto, no ha llegado, pero es que tampoco se le ha dado ninguna explicación al Ejecutivo del presidente Vivas. Lo que sucede es que mientras esté cerrada la frontera del Tarajal no funcionará la zona de embolsamiento y ese problema no se produce.
Una decisión que a principios del mes de marzo había comenzado a ser estudiada por el Consejo de Gobierno porque el compromiso alcanzaba hasta finales del mes de enero, sin embarog, en el caso de la zona de embolsamiento, el comienzo del Estado de Alarma cambió todos los planes diseñados hasta ese momento.
