CSIF denuncia que los funcionarios son "asegurados de segunda categoría"

La meta de CSIF es que los funcionarios, incluyendo los de Ceuta, dejen de ser “asegurados de segunda categoría”. Es por ello que ha exigido este martes a la Administración y a los grupos políticos que intervengan para garantizar que la atención sanitaria sea de calidad.

“A pesar de los avances en las negociaciones entre Gobierno y aseguradoras en los últimos meses, la situación y el futuro de las mutuas de funcionarios sigue siendo delicada, porque las aseguras no están garantizando los niveles de calidad y la viabilidad del modelo, ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios.

Desde CSIF han asegurado que cuentan con información que revela que “las negociaciones entre aseguradoras y proveedores sanitarios (asociaciones médicas y grupos hospitalarios)” se encuentran en estos momentos en “una situación muy delicada”, con una conclusión pautada para el próximo 23 de abril.

El sindicato ha destacado que “pese a recibir un incremento sustancial en la prima por pare del Gobierno, del 41,2%, para hacer más atractivo el contrato, este incremento no se está reflejando ahora en las tarifas de médicos y hospitales”.

Retiradas

CSIF ha asegurado que esta situación “ya ha provocado la retirada de HM Hospitales en los convenios de Mugeju e Isfas en Cataluña (mutuas de la Justicia y de la Defensa), así como la reducción en líneas generales de la oferta médica y consideramos que es un síntoma que pone en riesgo la viabilidad del sistema”.

Adicionalmente, han señalado que “hemos tenido noticia de la retirada de otro grupo hospitalario del convenio de Isfas por parte de Adeslas”.

Sobre estas salidas, CSIF ha confirmado que “se suman a la retirada de la aseguradora DKV del último concierto con las mutuas”, refiriéndose a la situación como “un grave precedente” que podría repercutir en que otros hospitales tomen la misma decisión si no cambia esta situación.

“Sanitas y Mapfre tampoco accedieron a participar en Mugeju por no llegar a acuerdo con las aseguradoras, han destacado.

Ante este panorama, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha señalado que “entendemos que la Administración debe intervenir para garantizar la calidad de la oferta sanitaria”.

El sindicato ha recalcado que “los mutualistas deben tener derecho a la misma cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud pero la retirada de estos hospitales, algunos de ellos punteros en el tratamiento de enfermedades oncológicas, puede poner en cuestión la calidad y convertir a los mutualistas en pacientes de segunda categoría. Pedimos al Consejo General de Muface que intervenga para supervisar esta situación”.

CSIF pide la correcta financiación a médicos y hospitales

Al respecto, CSIF ha advertido de que el modelo del mutualismos administrativo “ha sido salvado por todas las partes y no tiene sentido que ahora no se traslade una correcta financiación a médicos y hospitales, por una posición cicatera de las aseguradoras”, añadiendo que “no lo vamos a consentir y desde CSIF vamos a intensificar nuestra interlocución hasta el día 23 cuando se cierren los acuerdos de previsión sanitaria para Muface”.

En este sentido, han comentado que “Muface firmará el concierto sanitario para los próximos tres años, previsiblemente después de la Semana Santa, y entrará en vigor en mayo” y que “según datos aportados en último Consejo de la mutualidad, más de 45.000 personas abandonaron el concierto sanitario durante este tiempo (datos a 31 de enero de 2025), casi el doble de las personas que se fueron a la Seguridad Social el año pasado”.

Para finalizar, desde el sindicato han señalado que “a lo largo de mayo y junio, los mutualistas que se fueron de la mutualidad como consecuencia de la crisis por la negociación del concierto tendrán la posibilidad de regresar CSIF exige al Gobierno que garantice a largo plazo la viabilidad del mutualismo administrativo, que ha funcionado eficazmente durante décadas, pero que debe recuperar la calidad perdida en la asistencia sanitaria por la falta de financiación de los últimos conciertos”.

“No aceptamos que el informe de la AiREF hecho público recientemente se utilice como excusa para desmantelar el modelo”, han dejado claro.