El Ingesa ha utilizado un sistema distinto al empleado en otras autonomías en relación con el cumplimiento de contratos de transporte terrestre sobre las ambulancias, siguiendo un criterio distinto. Aquí, la semana pasada el director general del Ingesa decidió poner en marcha nuevamente, siguiendo los criterios de los servicios jurídicos, el contrato de transporte de ambulancia para nuestra ciudad. Y lo ha hecho en plena crisis decretada del estado de alarma.
En concreto, el Servicio Murciano de Salud (SMS) dejó en suspenso el macrocontrato del servicio de ambulancias, que ganó la empresa Do Atlántico tras un polémico proceso, por “la excepcional situación de emergencia sanitaria”. Ante el avance del coronavirus, “se estima necesario por motivos de salud pública la continuidad del servicio con las empresas del anterior contrato”, que en principio debían dejar de ofrecer el servicio el 21 de marzo.
Hasta que no se resuelva la actual crisis, las anteriores adjudicatarias continuarán gestionando el transporte sanitario en la región. La suspensión del contrato “se motiva en la salvaguarda del interés público y por la complejidad y las dificultades operativas y logísticas, actualmente, a la hora de proceder a la sucesión de las empresas”, argumenta Encarnación Zamora, jefa del servicio de Obras y Contratación del SMS en su resolución. Se trata, recuerda, de un servicio “esencial”.
En Ceuta, ya se dio a conocer que el grupo Tenorio, a través de una UTE había resultado ganadora, pero estaba pendiente aún la sucesión de una serie de acciones administrativas para que el Ingesa firmara la adjudicación definitiva.
Sin embargo, en estos momentos, no existe ningún problema en Ceuta para que la actual adjudicataria continuara con la prestación de los servicios hasta la finalización del Estado de Alarma. Todo está funcionando perfectamente salvo el problema del cobro por parte de los trabajadores, que se ha resuelto este mes, pero donde el problema viene precisamente de que el Ingesa desde el paso mes de septiembre no abona la totalidad de la prestación del servicio tal y como marca el contrato que une a la administración con la empresa.
