La carta enviada por la consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Benzina, a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha generado una notable ola de reacciones políticas.
El contenido de dicha misiva ha encendido el debate sobre la gestión institucional de los casos de posible acoso sexual en cuerpos de seguridad, particularmente entre las mujeres que forman parte de la Guardia Civil.
En su escrito, Benzina alertaba sobre la supuesta situación de vulnerabilidad que enfrentan algunas mujeres guardias civiles, presuntamente víctimas de acoso sexual, y solicitaba una revisión urgente de los protocolos actualmente vigentes para abordar estas situaciones. Esta intervención no ha pasado desapercibida y ha provocado diversas respuestas críticas desde diferentes frentes políticos y administrativos.
Las críticas no se han hecho esperar. Si ayer el PSOE ya cuestionaba públicamente el contenido y el tono de la carta, este viernes ha sido la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, quien ha manifestado su “sorpresa en negativo”, dejando claro su desacuerdo con la manera en que se ha abordado este asunto.
En palabras de la propia delegada, el escrito es “inoportuno, fuera de lugar y carece de fundamento”, lo que refleja un posicionamiento firme en contra del enfoque utilizado por la consejera.
En declaraciones a los medios, Pérez explicó que ha mantenido contacto directo con las autoridades locales para expresar su disconformidad. “Yo he hablado directamente con la señora Benzina, así como con el presidente de la Ciudad, para trasladar nuestro malestar por esa carta”, declaró de forma rotunda.
Además, cuestionó la oportunidad temporal del envío del escrito: “No entiendo cómo, habiéndose reunido con una asociación profesional en marzo, ha esperado casi tres meses para enviar la carta con hechos que, según ella, son tan graves”.
La delegada fue más allá y decidió poner en duda la existencia real de los hechos que se mencionan en la carta enviada al Ministerio de Igualdad. “No existe ni una sola denuncia en la Guardia Civil que hable de acoso sexual. Si existiera, tenemos los mecanismos suficientes para actuar y que los presuntos culpables estén donde deban estar”, afirmó, haciendo hincapié en la profesionalidad del cuerpo y en el compromiso institucional con la protección de las mujeres.
En ese mismo sentido, Cristina Pérez también lamentó que la consejera no haya tratado estos temas de forma pública con anterioridad, ya sea en declaraciones a la prensa o en actos institucionales.
Según sus palabras, “¿En la hemeroteca hay alguna declaración de la señora Benzina hablando de protocolos? Yo no las he encontrado”, lo que sugiere que, para la delegada, la carta parece más una acción puntual que una preocupación constante por la cuestión.
Finalmente, Pérez insistió en la necesidad de centrarse en las prioridades actuales relacionadas con la igualdad y la protección efectiva de las mujeres, apelando a una actuación coordinada entre administraciones.
“Vamos a dar luz verde a ese centro de crisis que no termina de salir. Vamos a activar un plan de igualdad y convocar la sectorial de la mujer. Dejemos que cada institución haga su trabajo y no nos convirtamos en portavoces de quien no debemos”, concluyó, reiterando la importancia de la colaboración institucional basada en hechos contrastados y políticas concretas.
Hasta el momento, la consejera Benzina no ha respondido públicamente a estas críticas. Su silencio ha generado cierta expectación en los círculos políticos y mediáticos, que esperan una posible aclaración o réplica ante las duras palabras de la delegada del Gobierno. Mientras tanto, el asunto sigue generando debate sobre el papel de las instituciones en la denuncia y prevención del acoso en el ámbito profesional, así como sobre la forma adecuada de canalizar este tipo de preocupaciones.
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