El juez Castro ha terminado la instrucción del caso Nóos y ha decidido mantener la imputación de la infanta Cristina por un delito de blanqueo de capitales y dos de fraude fiscal. Ya sabemos que la imputación no destruye la presunción de inocencia, que solo borra una sentencia firme, pero la deja tocada.
Ella lo sabe bien, como bien lo saben en La Zarzuela. Desde que el juez Castro la señaló ha sido apartada de la agenda oficial, de las fotos de familia y de actos tan solemnes como la proclamación de su hermano como Rey, que tuvo que ver a escondidas, fuera de los focos.
Pero la Infanta y su marido siguen siendo Duques de Palma y ella mantiene su posición en la línea sucesoria. Aunque es más probable que nos invadan los extraterrestres a que se produzcan los sucesivos cataclismos que eventualmente la llevaran al trono o que, si los desastres se acumulan, hicieran de su marido regente de España, la mera posibilidad produce inquietud. Si la ejemplaridad debe ser seña de una institución como la monarquía, no parece muy ejemplar que en el banquillo de la sucesión aparezcan dos personas sentadas en el banquillo de los acusados.
Como la abdicación del Rey, la renuncia de la Infanta es una decisión personalísima. La Constitución, que prevé la posibilidad de apartar a un Rey incapaz, nada dice del posible apartamiento de una potencial heredera al trono, una cosa más que tenemos sin cerrar después de cuarenta años. Pero el ducado tal y como se da se puede quitar. Y si las razones para otorgarlo se basan en la presunción de dignidad, parece que hay razones suficientes para que ambos no sigan ostentando un título noble cuando un juez quiere que sean juzgados por asuntos tan poco dignos.
No es fácil, lo sabemos. Pero el rey Felipe VI prometió en su discurso de proclamación “una monarquía renovada para un tiempo nuevo”. Un gesto en esa dirección dotaría de una mayor credibilidad a sus palabras. Y cuanto antes, sería mejor. La falta de reflejos le salió muy cara a su predecesor.
