Por primera vez en más de una década, la población penitenciaria en Marruecos ha descendido por debajo de la barrera de los 100.000 internos, situándose al cierre de 2025 en 99.366 presos. Sin embargo, este descenso del 5,45 % respecto al año anterior no oculta una realidad crítica: la tasa de reclusos por cada 100.000 habitantes sigue siendo el doble de la media europea.
De acuerdo con la información publicada por la Agencia de Noticias EFE, expertos y organizaciones civiles advierten que esta bajada no se debe a una reducción de la criminalidad, sino a indultos reales masivos y a la implementación de una nueva ley de penas alternativas.
A pesar de los números, el hacinamiento sistémico persiste como el principal problema de las prisiones marroquíes.
Hacinamiento extremo y condiciones de vida precarias
La situación dentro de los centros es alarmante. La tasa de ocupación media alcanza el 153 %, lo que se traduce en una media de 10 camas para 15 reclusos. Existen casos extremos, como la cárcel de Aïn Sebaâ en Casablanca, donde la ocupación llega al 300 %, albergando a 30 personas en celdas diseñadas para solo 10.
Según EFE, esta saturación obliga a los internos a dormir en el suelo o en los pasillos, disponiendo de apenas 1,8 metros cuadrados por persona, una cifra que no llega ni a la mitad de los estándares internacionales mínimos.
El perfil mayoritario del recluso es un joven menor de 30 años con estudios básicos de primaria.
El impacto de la prisión preventiva y la violencia interna
Uno de los factores que más alimenta este colapso es el uso excesivo de la prisión preventiva, que afecta actualmente al 37 % de la población reclusa. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que esta medida se utiliza frecuentemente como una "pena anticipada".
Esta presión ambiental ha provocado un incremento del 15 % en incidentes de violencia y autolesiones. Los datos del último año son demoledores:
- 266 muertes bajo custodia registradas.
- 1.547 huelgas de hambre, de las cuales más de un centenar superaron el mes de duración.
- Casi la mitad de las 7.388 denuncias presentadas por internos están relacionadas con la deficiente atención médica.
Deficiencias en salud mental y el debate de las penas alternativas
La atención a la salud mental es prácticamente inexistente, con apenas un psicólogo por cada 1.743 internos y un psiquiatra para cada 6.500 presos. A esto se sumaron crisis graves como la interrupción del suministro de metadona en marzo de 2025, que paralizó los tratamientos de desintoxicación durante semanas.
Para aliviar esta situación, el Gobierno ha impulsado una ley de penas alternativas que permite sustituir la prisión por multas o trabajos comunitarios.
No obstante, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) critica que esta reforma genera un "sesgo de clase", ya que permite que quienes tienen recursos económicos compren su libertad mediante multas, mientras que los sectores más vulnerables siguen llenando las cárceles.
