El 16 de junio del año pasado fueron condenadas hasta 6 personas por tráfico de drogas y organización criminal. En esa fecha se puso en rebeldía al séptimo acusado, I.S.J.G, que este lunes por fin se ha sentado en el banquillo ante el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta tras ser detenido en Almería.
De esta forma, 6 años después, la Justicia ha podido dar carpetazo en forma de condena al último de los acusados de una red que fue desarticulada por la Guardia Civil en 2017 tras una investigación que nació del hallazgo de casi 18 kilos de hachís en el interior de un coche.
El acusado, conducido por los efectivos de la Policía Nacional, reconoció los hechos y aceptó la pena de 1 año y 6 meses de prisión por el delito contra la salud pública, así como al pago de una multa de 3 meses con una cuota diaria de 5 euros. El pago de la responsabilidad civil asciende a 15.000 euros con tres días de responsabilidad personal subsidiaria.
Una pena que se le suspenderá por un periodo de tres años bajo una doble condición: no volver a delinquir durante ese periodo y el pago de la multa impuesta por pertenecer a un grupo criminal.
Toda esta historia comenzó el 18 de marzo de 2017 cuando agentes de la Compañía Fiscal detenían al conductor- precisamente el juzgado- y al copiloto de un Seat Toledo que infundió sospechas a los agentes que estaban de servicio en el puerto. Propiedad de la única mujer acusada en este procedimiento, S.G.M., el coche había sido preparado para ocultar en el depósito de combustible hasta 20 bloques y 1.000 cápsulas de hachís, valorados en casi 28.000 euros. Los agentes interceptaron la droga y colocaron las esposas a los llamados V.M.G.M. e I.S.J.G. por su participación en un delito contra la salud pública.
Esto habría quedado en un mero servicio antidroga de no ser por las investigaciones desarrolladas a posteriori, claves para dar con implicados en lo que el Instituto Armado presentó como una organización criminal.
La Guardia Civil da carpetazo a este asunto tras la condena al séptimo acusado
La estructura funcionaba de la siguiente manera: se disponía de vehículos que se cargaban de hachís para su introducción en la Península en cuya captación participaba el acusado M.M.L. Las indagaciones de la Benemérita llevaron a una segunda fase del operativo con la entrada y registro en una vivienda ubicada en el Paseo de la Marina, así como en un almacén vinculado a otro de los implicados en la trama, el acusado M.B.L.
Allí los investigadores dieron con tres teléfonos, bolsas de plástico y efectos varios empleados para el envasado de droga. En otro registro paralelo llevado a cabo en una de las 317 viviendas de Loma Colmenar y en un trastero de esta promoción se encontró hachís, dinero y efectos para el empaquetado de la sustancia estupefaciente. Allí residía otro de los implicados, S.P.M.
Con la última condena se cierra este asunto que llevó a que siete personas fueran condenadas por el Juzgado de lo Penal número 2.
